El panorama de la infraestructura vial argentina se tensa con la inminente disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (Vialidad Nacional), la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial por decreto del Poder Ejecutivo. Esta medida, justificada por el Gobierno en la búsqueda de eficiencia y la eliminación de lo que califica como un «ícono de la corrupción», ha desatado una fuerte reacción gremial, con el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) y la Federación del Personal de Vialidad Nacional anunciando una batalla judicial para impedir el desmantelamiento del organismo.
La decisión presidencial, confirmada por el vocero Manuel Adorni, implicaría la reasignación de las funciones de Vialidad Nacional al Ministerio de Economía y a la Gendarmería Nacional, además de una apertura hacia la concesión de rutas al sector privado. Para el Ejecutivo, esta reestructuración es parte de un plan más amplio de reducción estatal y optimización de recursos. Sin embargo, para los trabajadores y sus representantes, la medida representa un «desmantelamiento del aparato técnico del Estado» y un serio riesgo para la soberanía territorial y la seguridad vial.
Medidas Jurídicas: El Gremio Apuesta a los Tribunales
Ante lo que consideran una decisión «intempestiva e improvisada», los gremios viales han declarado que irán «a la Justicia» para frenar el cierre. Si bien no se han especificado aún los términos exactos de las presentaciones, se anticipa la interposición de acciones judiciales tendientes a obtener medidas cautelares o amparos que suspendan la aplicación del decreto presidencial y protejan los derechos laborales de los más de 5.200 trabajadores de Vialidad Nacional que, según los sindicatos, quedarían en la calle.
La estrategia legal buscaría no solo la protección de los puestos de trabajo, sino también la defensa de la función pública esencial que cumple Vialidad Nacional en el mantenimiento de los más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Los sindicatos argumentan que la disolución del organismo sin una alternativa sólida y transparente pondría en «riesgo la vida de millones de argentinos» y dejaría las rutas «a la deriva», especialmente aquellas con menor atractivo para la inversión privada.
Dirigentes gremiales como Graciela Aleñá, del STVyARA, han enfatizado que la decisión «no es una simple reorganización administrativa, como dice el Gobierno», sino que está «armado para hacer negocios» y favorecer intereses privatistas, sin garantizar eficiencia ni transparencia en el control estatal de la infraestructura vial. La presentación judicial buscará también poner en evidencia la afectación del interés público y la viabilidad de la red vial argentina.
Consecuencias y el Futuro de las Rutas
El cierre de Vialidad Nacional ha generado una ola de críticas de distintos sectores, incluyendo la CGT, que calificó la decisión de «demencial». Las preocupaciones se centran en la experiencia y el conocimiento técnico acumulados por el organismo a lo largo de décadas, los cuales, según los críticos, no pueden ser replicados de manera eficiente por el sector privado de la noche a la mañana o por otras carteras sin la especialización necesaria.
Mientras el Gobierno avanza con su plan de «motosierra», el gremio de Vialidad se erige como la última barrera para impedir lo que consideran un retroceso histórico. La batalla, que se traslada ahora al ámbito judicial, definirá no solo el futuro de miles de trabajadores, sino también el modelo de gestión de la infraestructura vial en Argentina y la seguridad de sus carreteras.
Por Wenceslao Alvarez de Toledo
Abogado especialista en Derecho Sindical, Laboral Individual y Colectivo. Toda una vida dedicada al Sindicato y a los Trabajadores.