La Confederación General del Trabajo decidió profundizar su ofensiva judicial contra la reactivación de la reforma laboral y presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo un planteo de nulidad absoluta del fallo dictado por la Sala VIII, acompañado por la recusación de dos de sus integrantes. El escrito, firmado por su asesor letrado Pablo Topet, no se limita a cuestionar el contenido de la decisión, sino que apunta directamente a su validez, al sostener que fue dictada sin las garantías mínimas de imparcialidad y con una fundamentación insuficiente.
El punto más delicado del planteo está en la recusación del juez Víctor Arturo Pesino, donde la CGT introduce un argumento de peso institucional: la cercanía temporal entre su voto —favorable a la postura estatal— y la activación, por parte del Poder Ejecutivo, del procedimiento para extender su permanencia en el cargo por cinco años más, pese a haber superado los 75 años. Para la central obrera, esa secuencia no puede analizarse como un hecho aislado, sino como una circunstancia capaz de generar, al menos, una duda razonable sobre la independencia del magistrado. Desde el punto de vista técnico, el planteo no necesita probar una contraprestación concreta, sino simplemente demostrar que existe una situación objetiva que pueda afectar la apariencia de imparcialidad, estándar que viene siendo sostenido de manera constante por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En paralelo, la CGT pidió la nulidad del fallo por considerar que carece de fundamentación suficiente. Aquí el argumento es más clásico pero no menos relevante: sostienen que la Sala VIII omitió tratar cuestiones centrales y que no desarrolló un razonamiento jurídico capaz de justificar por qué descartó la procedencia de la medida. En términos prácticos, están encuadrando la sentencia dentro de la doctrina de la arbitrariedad, lo que, de ser aceptado, implicaría su invalidez.
El cuestionamiento también va al fondo del asunto. La central obrera critica que el tribunal haya descartado, en esta etapa preliminar, la existencia de una afectación a derechos de naturaleza alimentaria. Para la CGT, ese enfoque desconoce principios básicos del derecho del trabajo, como la progresividad y la protección del trabajador consagrada en el artículo 14 bis de la Constitución. En esa línea, sostienen que el tribunal aplicó un criterio excesivamente restrictivo al analizar la cautelar, cuando en materia laboral la jurisprudencia suele admitir un margen más amplio justamente por la naturaleza de los derechos en juego.
Más allá de los argumentos puntuales, lo que se advierte es una estrategia procesal clara. La CGT no solo busca revertir este fallo, sino también cuestionar la legitimidad del tribunal que intervino y dejar planteadas las bases para una eventual llegada del caso a la Corte Suprema. La combinación de nulidad y recusación apunta, en definitiva, a forzar una revisión más profunda del expediente y, si es posible, en otro marco.
El escenario queda abierto. Si prospera la recusación, podría modificarse la integración del tribunal; si se admite la nulidad, el fallo directamente quedaría sin efecto; y si ambos planteos son rechazados, el camino hacia una instancia superior quedará prácticamente allanado. En cualquiera de esos supuestos, la discusión ya superó lo estrictamente técnico: lo que está en juego es cómo y con qué intensidad el Poder Judicial va a controlar una reforma que impacta de lleno en derechos laborales de base constitucional.
