La «motosierra» sobre el empleo público en Argentina no muestra signos de detenerse. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, ha ajustado la estimación de ahorro generado por la reducción de la planta estatal a unos impresionantes USD 2.100 millones anuales. Mientras el gobierno celebra estas cifras como un logro de eficiencia y saneamiento fiscal, diversas voces sindicales y especialistas alertan sobre las profundas consecuencias sociales y laborales de este drástico ajuste.
Según datos presentados por el propio Sturzenegger, la gestión actual ha desafectado a más de 52.000 empleados públicos desde diciembre de 2023 hasta junio de 2025. Esta cifra incluye despidos, jubilaciones, contratos no renovados y retiros voluntarios. El ministro ha destacado que este recorte equivale a una reducción del 10,4% del personal del sector público, argumentando que «cada peso que ahorra el Estado es un peso menos de impuestos que pagamos los ciudadanos». Para el gobierno, «menos gasto es más libertad», y el objetivo es reducir el peso del Estado y promover la equidad entre los sectores público y privado.
Los principales ministerios y organismos afectados por esta poda incluyen Economía, Capital Humano, Jefatura de Gabinete, Salud y Defensa. Además, empresas estatales emblemáticas como Correo Argentino S.A., Aerolíneas Argentinas S.A. y AySA han visto reducciones significativas en sus plantillas, con miles de trabajadores cesanteados.
¿A qué costo? La otra cara de la «motosierra»
Si bien el gobierno defiende el ajuste como necesario para alcanzar el equilibrio fiscal y combatir lo que denomina «ñoquis», la implementación de estas medidas ha generado un fuerte impacto en el tejido social y laboral del país. La pregunta clave es: ¿a costa de qué se logra este ahorro y fue realmente beneficioso para la sociedad en su conjunto?
Fuentes sindicales y análisis económicos críticos señalan que el «ahorro» se traduce directamente en miles de familias sin ingresos, con un aumento preocupante del desempleo. Algunos informes desmienten las cifras oficiales de creación de empleo en el sector privado y aseguran que ya hay más de 300.000 nuevos desocupados en la era Milei, con una particular incidencia en mujeres jóvenes y una desocupación que trepó al 7,9% al cierre del primer trimestre. Periodistas han cuestionado directamente a Sturzenegger sobre «dónde están» los nuevos puestos de trabajo prometidos, sin obtener respuestas claras.
Asimismo, la «motosierra» no solo afecta a los desvinculados, sino que también pone en riesgo la calidad y continuidad de servicios públicos esenciales. La reducción de personal en áreas críticas como salud, educación e infraestructura puede tener consecuencias directas en la atención a los ciudadanos y el funcionamiento del Estado. Se ha denunciado un «debilitamiento de las estrategias que antes contenían la exclusión laboral», lo que podría llevar a una fase «más cruda» con un avance sostenido del desempleo abierto y de larga duración.
Además, el panorama laboral general muestra un retroceso, con casi 14.000 empleadores registrados menos y una caída del empleo asalariado formal, mientras crece el monotributismo, lo que podría indicar una precarización del mercado laboral.
Finalmente, la polémica se intensifica con denuncias de «motosierra con privilegios», donde se observan nombramientos y prórrogas de contratos para más de 150 funcionarios mientras se ejecutan despidos masivos. Esto genera un doble estándar que irrita a la opinión pública y a los gremios.
Conclusión: Un debate abierto sobre el futuro del empleo público
El gobierno insiste en que el ajuste es una estrategia de «saneamiento» y eficiencia del gasto público. Sin embargo, la perspectiva de los trabajadores y sus representantes es clara: este modelo está generando un costo social altísimo, con miles de personas en la calle y una precarización generalizada. El debate sobre si este ahorro, logrado a través de la reducción del empleo público, es realmente «bueno» para la Argentina está lejos de cerrarse y promete ser uno de los ejes centrales de la discusión política, gremial y social en los próximos meses.
Por Wenceslao Alvarez de Toledo
Abogado especialista en Derecho Sindical, Laboral Individual y Colectivo. Toda una vida dedicada al Sindicato y a los Trabajadores.