En un nuevo capítulo de la creciente conflictividad laboral en Argentina, los gremios docentes han escalado sus reclamos a la esfera internacional, presentando contundentes denuncias contra el gobierno de Javier Milei ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las acusaciones, que se intensificaron en las últimas semanas y meses, apuntan a una «grave vulneración de derechos laborales» y al «vaciamiento» de las paritarias, lo que genera una profunda preocupación en el sector educativo del país.
La Unión Docentes Argentinos (UDA), liderada por Sergio Romero, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), con Fabián Felman a la cabeza, han sido protagonistas de estas presentaciones ante el organismo internacional. Ambos sindicatos, parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), denunciaron al Ejecutivo nacional por lo que consideran una violación de los Convenios 87 (libertad sindical) y 98 (derecho de sindicación y negociación colectiva) de la OIT, instrumentos ratificados por Argentina.
El Corazón de la Denuncia: Desmantelamiento de la Paritaria Nacional
El eje central de las denuncias radica en la perceived «vaciada de contenido» de la paritaria docente, una instancia clave para la negociación salarial y de condiciones laborales en el sector. Según los gremios, esta herramienta ha sido convertida en una «figura casi simbólica», con el objetivo de desactivarla y «cercenar derechos constitucionales». La eliminación del Estado como garante de un piso salarial común para los docentes de todo el país es una de las medidas más cuestionadas, que, según UDA y CEA, se desentiende del derecho a un salario digno y profundiza la desigualdad en el sistema educativo.
Un Panorama Amplio de Quejas
Las denuncias no se limitan solo a la paritaria. La presentación ante la OIT también alerta sobre:
● La regresión general de los derechos laborales y la crítica situación económica que enfrentan los educadores.
● El ajuste sobre la educación pública.
● El ataque a los derechos laborales en general.
● La «criminalización de la protesta social», una política que ha sido señalada por diversos sectores sindicales.
● La intención de suprimir el derecho de huelga en actividades que, según la propia OIT, no constituyen servicios esenciales, como es el caso de la educación.
Dirigentes sindicales como Roberto Baradel, de SUTEBA y representante de la CTA, también han llevado sus reclamos directamente a la OIT, denunciando el «ajuste» del gobierno y su «desprecio» por la educación pública, además de señalar un «cepo al salario», la limitación del derecho a huelga, despidos y un «vaciamiento del Estado».
Repercusiones y Expectativas
Estas denuncias ante la OIT buscan visibilizar a nivel internacional la conflictividad laboral en Argentina y presionar al gobierno para que revierta las políticas que, a criterio de los sindicatos, atentan contra los derechos de los trabajadores de la educación. La comunidad sindical espera que el Comité de Normas y de Libertad Sindical de la OIT tome debida nota de esta «grave
situación» y exija al Gobierno argentino el cese inmediato de las prácticas que consideran antisindicales y violatorias de los convenios internacionales.
El futuro de la relación entre el gobierno y los sindicatos docentes, así como las posibles acciones de la OIT, serán temas clave a seguir de cerca en el panorama sociopolítico argentino.

Por Wenceslao Alvarez de Toledo

Abogado especialista en Derecho Sindical, Laboral Individual y Colectivo. Toda una vida dedicada al Sindicato y a los Trabajadores.

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