La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha presentado una acción judicial ante la Justicia Nacional del Trabajo con el objetivo de frenar el denominado “régimen de disponibilidad” impulsado por la gestión de Federico Sturzenegger, que amenaza la estabilidad de miles de empleados públicos de planta permanente. El sindicato busca la declaración de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Bases que modifican este régimen y ha solicitado una medida cautelar para suspender de inmediato su aplicación.
La medida, formalizada a través de la Resolución 54/2025 del Ministerio de Desregulación, permite que el personal de planta permanente afectado por reestructuraciones o reducciones en sus organismos pase a una situación de «disponibilidad» por un plazo máximo de 12 meses. Durante este período, los trabajadores podrían ser reubicados o recibir capacitaciones. Sin embargo, la preocupación central radica en que, si no son reasignados en el plazo de un año, su desvinculación definitiva del Estado sería inminente, aunque con la correspondiente indemnización.
Desde ATE, liderado por su Secretario General Rodolfo Aguiar, califican el régimen como «manifiestamente ilegal» e inconstitucional. Argumentan que esta normativa «aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público», contraviniendo directamente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece esta garantía fundamental. «Estamos frente a un régimen manifiestamente ilegal, aún considerando las facultades extraordinarias que oportunamente fueron otorgadas. Hay un exceso del Poder Ejecutivo en sus atribuciones», afirmó Aguiar, enfatizando que no se trata de cierres de organismos sino de reestructuraciones, lo cual no justifica la medida.
El sindicato ha señalado que la reglamentación de este registro busca «blanquear una situación irregular» y que existen «obstáculos tácitos» para que los trabajadores no completen el procedimiento, lo que podría derivar en despidos sin el pago de las indemnizaciones correspondientes. Esta embestida se enmarca en una fase más profunda del plan de «refuncionalización» del Estado impulsado por la administración actual, que ya ha implicado miles de despidos de personal temporario y contratado.
La acción judicial de ATE representa un nuevo capítulo en la tensa relación entre el gobierno y los gremios estatales, quienes ven en este régimen una nueva forma de precarización laboral y un ataque directo a los derechos adquiridos por los trabajadores del Estado. La Justicia tendrá ahora la palabra final en una cuestión que definirá el futuro laboral de un importante sector de la administración pública nacional.
Por Wenceslao Alvarez de Toledo
Abogado especialista en Derecho Sindical, Laboral Individual y Colectivo. Toda una vida dedicada al Sindicato y a los Trabajadores.