La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), un pilar fundamental en la infraestructura argentina durante más de nueve décadas, enfrenta hoy su «cierre definitivo» por orden del Poder Ejecutivo. El anuncio, realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni desde la Casa Rosada, desató un torbellino de reacciones y reabre un debate profundo sobre el rol del Estado, la obra pública y el destino de miles de trabajadores. La medida, que se oficializará mañana martes en el Boletín Oficial, se presenta como un golpe decisivo contra la corrupción, pero genera serias preocupaciones sobre la seguridad vial y el futuro laboral.
Una historia de caminos y polémicas
Fundada en 1932 mediante la Ley 11.658, la Dirección Nacional de Vialidad surgió como una entidad autárquica con la misión de transformar la incipiente red caminera del país. En una Argentina que apenas contaba con 2.000 kilómetros de carreteras permanentes en 1931, la DNV fue clave en la construcción, conservación y mejoramiento de un sistema vial nacional que conectó capitales de provincia, centros de producción y puertos, acompañando el crecimiento del transporte automotor. Durante 90 años, fue sinónimo de desarrollo y conectividad, pero también, con el paso de las décadas, se vio envuelta en recurrentes denuncias de ineficiencia y corrupción.
«Acta de defunción» a la corrupción: La justificación oficial
El vocero Adorni fue contundente al justificar la decisión del Gobierno. «La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el Presidente de la Nación», sentenció, enlazando directamente el cierre del organismo con la histórica problemática de la malversación de fondos públicos en el sector. La presentación del anuncio fue precedida por la exhibición de un video sobre la condena de la expresidenta Cristina Kirchner en la «Causa Vialidad», un emblemático caso que investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz. «Vialidad Nacional se inventó para simplificar la corrupción», afirmó Adorni, reforzando la narrativa de un organismo intrínsecamente viciado.
Esta drástica medida no llega sola. El Gobierno también anunció la eliminación de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, completando un paquete de reformas en el ámbito del transporte. La celeridad del anuncio se explica en parte por la inminente finalización, este martes 8 de julio, de las facultades delegadas concedidas al Presidente por la Ley de Bases, un plazo que ha permitido al Ejecutivo avanzar con decisiones de gran calado sin necesidad de pasar por el Congreso.
Impacto en la seguridad vial y las economías regionales: Voces de alerta
Mientras el Gobierno celebra la «purga» de la corrupción, desde diversos sectores se elevan voces de preocupación por las implicancias de esta disolución. La Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-Capital), junto a otros gremios, han advertido sobre un posible «aumento de accidentes viales» debido a la drástica reducción de inversiones en mantenimiento y nuevas construcciones. Temen que la red vial nacional, cuyo 65% a 70% ya se encuentra en estado «regular a malo», se degrade aún más, con «baches más grandes, banquinas inexistentes, señalización defectuosa y puentes sin mantenimiento adecuado», incrementando exponencialmente los riesgos para los usuarios.
El diputado nacional por San Juan, Walberto Allende, calificó el cierre como «un golpe muy duro para las economías regionales», al poner en riesgo la conectividad y el desarrollo productivo del interior del país, que dependen crucialmente de una infraestructura vial en condiciones óptimas. La preocupación se extiende a la posible transferencia del control de tránsito a Gendarmería, lo que genera interrogantes sobre la capacidad y especialización para dicha tarea.
La pulseada gremial: Miles de puestos en vilo
Uno de los puntos más álgidos de esta medida es el impacto directo en el empleo. Con más de 5.200 trabajadores afectados a nivel nacional, incluyendo 629 en Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, los gremios han declarado un estado de «alerta máxima» y han protagonizado «Jornadas Nacionales de Protesta» en rechazo al «desguace» del organismo.
FEPEVINA y ATE han denunciado que «desfinanciar y desmantelar» Vialidad Nacional no solo pone en riesgo miles de empleos, sino que también «expone la vida de millones de personas» que transitan rutas nacionales «abandonadas». Desde los sindicatos, se califica la medida de «criminal» y advierten que podría estar «floja de papeles», rozando la ilegalidad, lo que sugiere posibles batallas legales en el futuro. Los trabajadores viales se han movilizado contra el «cepo salarial» y el «vaciamiento» del organismo, anticipando despidos masivos y la creación de un nuevo ente con un plantel reducido. Han prometido mantenerse en estado de alerta y no descartan nuevas acciones de fuerza si el Gobierno no da marcha atrás con la decisión.
¿Un nuevo modelo de gestión vial?
Ante el cierre de Vialidad Nacional, el Gobierno ha adelantado un nuevo esquema para la obra pública vial. Adorni anunció la apertura de una licitación para 9.120 kilómetros de rutas, buscando transparentar y eficientizar la gestión de proyectos. Se especula con la creación de una nueva agencia que asumiría las funciones de la extinta DNV, con injerencia sobre todas las rutas nacionales. Este nuevo modelo podría implicar una mayor participación del sector privado, ya sea a través de concesiones viales o un nuevo esquema de obras públicas. La experiencia de la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que reemplazó a organismos anteriores en su sector, podría ser un precedente de la ruta que seguirá el Gobierno.
El cierre de Vialidad Nacional representa un punto de inflexión. Si bien el Gobierno lo enmarca en una cruzada anticorrupción y de eficiencia estatal, las críticas sobre el riesgo en la seguridad vial, el golpe a las economías regionales y la masividad de los despidos abren un complejo escenario de desafíos políticos, sociales y laborales que marcarán la agenda de los próximos meses. El futuro de los caminos argentinos y de sus trabajadores pende de esta decisión histórica.
