Se cumple hoy un año desde la promulgación de la «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», una normativa que fue presentada por el gobierno con la promesa de desatar una ola de inversiones extranjeras masivas y una explosión de empleo. Sin embargo, tras doce meses de su implementación, la realidad dista mucho de las expectativas, revelando un panorama de desinversión, caída del empleo registrado y una marcada precarización laboral, según diversos análisis y reportes económicos.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), una de las voces más críticas y consistentes en el seguimiento de los efectos de esta ley, ha publicado un informe contundente que desarticula la narrativa oficial. El estudio de CEPA destaca que, a pesar del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), solo se han aprobado cinco proyectos, de los cuales cuatro ya estaban en marcha antes de la sanción de la ley. La promesa de una inyección masiva de capital externo se desvanece al constatar que, en el balance de inversión extranjera directa, Argentina registra un saldo negativo de USD 1.500 millones desde la asunción del actual gobierno. Las inversiones comprometidas a dos años bajo el RIGI, que ascienden a USD 4.745 millones, son superadas por los USD 5.236 millones que salieron del país solo entre abril y mayo de 2025 debido a la flexibilización de las restricciones cambiarias. La generación de empleo a través de estos proyectos es igualmente marginal, proyectando apenas 1.616 puestos de trabajo directos.
El Empleo, la Otra Cara de la Moneda
En el ámbito laboral, el impacto de la Ley de Bases es alarmante. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2025, el sector privado perdió un neto de 115.353 empleos registrados, mientras que la cantidad de monotributistas experimentó un notable aumento. La informalidad, lejos de reducirse, escaló del 40.8% al 42% en 2024.
Las reformas laborales impulsadas por la Ley, que incluyen la creación de fondos de cese laboral que reemplazan las indemnizaciones, la extensión del período de prueba y la habilitación de la figura del «colaborador», son vistas por los gremios y especialistas como un claro retroceso en los derechos de los trabajadores, transfiriendo el riesgo del despido a sus espaldas y consolidando un esquema de contratación más precario.
Reformas Fiscales Regresivas y Desguace Estatal
La Ley de Bases también trajo consigo una reforma tributaria de carácter regresivo. Se redujeron las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales, beneficiando a los patrimonios más altos, y se restableció el impuesto a las Ganancias para una porción más amplia de trabajadores asalariados, afectando directamente su poder adquisitivo.
Además, el informe de CEPA y otras voces críticas subrayan la desarticulación de organismos y empresas públicas, y un proceso de privatizaciones que avanza lentamente y no sin controversias, con algunos intentos incluso suspendidos judicialmente.
En síntesis, a un año de su oficialización, la «Ley de Bases» no ha logrado los objetivos de atracción de inversiones y creación de empleo que sus promotores vaticinaban. Por el
contrario, los datos y análisis disponibles pintan un panorama de debilitamiento del mercado laboral, concentración del poder y un esquema económico que, lejos de dinamizar la producción y el empleo genuino, ha profundizado las desigualdades y la precarización en el país.
Por Wenceslao Alvarez de Toledo
Abogado especialista en Derecho Sindical, Laboral Individual y Colectivo. Toda una vida dedicada al Sindicato y a los Trabajadores.