Los trabajadores de Vialidad Nacional se encuentran inmersos en un profundo conflicto con el gobierno, denunciando un plan de vaciamiento y desguace del organismo que pone en riesgo miles de puestos de trabajo y la conectividad de todo el país. La situación, que se arrastra desde hace meses, escaló en las últimas semanas con movilizaciones y un estado de alerta permanente por parte de los gremios.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, junto a otras organizaciones sindicales del sector, ha sido la voz principal de esta protesta. Sus reclamos son claros y contundentes: rechazo al inminente decreto de cierre o desmantelamiento de Vialidad Nacional, cese de los despidos (que se estiman en más de 4.000) y urgente reapertura de las paritarias ante un congelamiento salarial que data de octubre de 2024.
La preocupación central de los trabajadores radica en la posible privatización de tramos de la red vial y la transformación de Vialidad Nacional en una entidad residual, sin capacidad operativa ni presupuesto para el mantenimiento y construcción de rutas. «Esta medida no solo pone en riesgo miles de empleos, es también un ataque a la conectividad, la seguridad y el desarrollo del país», afirmó Graciela Aleñá en recientes declaraciones.
Los sindicatos denuncian una subejecución presupuestaria alarmante en 2024, con miles de millones de pesos retenidos por el Ministerio de Economía que no fueron destinados ni a obras ni a mantenimiento. Esta situación, sumada a la paralización de proyectos esenciales, ya se traduce en un deterioro visible de la infraestructura vial, con el consiguiente aumento del riesgo de accidentes. Los trabajadores sostienen que el gobierno busca mostrar la ineficiencia del organismo para justificar su desmantelamiento.
En un contexto de creciente incertidumbre, los viales se movilizaron en diversas ocasiones, incluyendo marchas a la Secretaría de Empleo Público y manifestaciones en sedes distritales y rutas de todo el país. Han advertido que continuarán en estado de alerta y no descartan nuevas medidas de fuerza si el gobierno no da marcha atrás con lo que consideran una «medida criminal» que afectaría directamente a la vida de millones de argentinos.
La dirigencia sindical ha expresado que, a pesar de la compleja situación, los trabajadores de Vialidad Nacional continúan prestando servicios, demostrando su compromiso con el mantenimiento de las rutas. Sin embargo, la falta de fondos y la incertidumbre sobre el futuro del organismo hacen que la situación sea insostenible.
El conflicto de Vialidad Nacional no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un panorama más amplio de tensión entre el gobierno y los trabajadores estatales, donde las medidas de ajuste y la reestructuración de organismos públicos son moneda corriente. Los gremios viales, con el respaldo de amplios sectores de la sociedad, exigen una respuesta urgente y la garantía de que Vialidad Nacional, una institución fundamental para el país, seguirá cumpliendo su rol vital en la conectividad y el desarrollo territorial.
Por Wenceslao Alvarez de Toledo
Abogado especialista en Derecho Sindical, Laboral Individual y Colectivo. Toda una vida dedicada al Sindicato y a los Trabajadores.