La alta litigiosidad en el fuero laboral y el costo de las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) han vuelto a encender el debate sobre el sistema de indemnizaciones por accidentes laborales en Argentina. La Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC), en sintonía con un reclamo de larga data del sector productivo, ha presentado al Gobierno y a la Unión Industrial Argentina (UIA) una propuesta para reformar la forma en que se calcula la incapacidad laboral.
El núcleo de la propuesta: un baremo con valores fijos
El documento de la CIMCC se enfoca en la problemática de la «discrecionalidad» en la determinación de los porcentajes de incapacidad. Según los empresarios, la existencia de rangos en la tabla actual (baremo) es el principal incentivo para que los casos terminen en los tribunales, buscando el porcentaje más alto.
La solución que proponen es radical: derogar las normas actuales y crear un nuevo «Comité Técnico Permanente de Evaluación de Incapacidades Laborales» en el ámbito del Ministerio de Capital Humano. Este nuevo organismo sería el único responsable de elaborar un baremo que contemple valores fijos, sin rangos. El objetivo es que la determinación de la incapacidad sea un proceso objetivo y técnico, eliminando la ambigüedad que, según los empresarios, alimenta la industria del juicio.
Se argumenta que esta reforma no perjudicaría a los trabajadores, sino que generaría previsibilidad y reduciría los costos para las empresas, impactando positivamente en su competitividad. Además, se menciona que el nuevo baremo se basaría en criterios «médico-legales y clínicamente validados».
La mirada de los expertos y la crítica sindical
Si bien la propuesta es celebrada por el sector empresarial, no está exenta de críticas. Abogados y juristas especializados en derecho laboral han advertido sobre los posibles efectos regresivos de una reforma de este tipo. Algunos señalan que un baremo con valores fijos podría resultar en indemnizaciones «menguadas y reducidas», lo que en la práctica implicaría una disminución de los derechos de los trabajadores.
La principal preocupación desde el ámbito legal y sindical es que el nuevo baremo se convierta en lo que algunos ya han llamado el «baremo de las ART», beneficiando principalmente a las aseguradoras y a las empresas a costa de los damnificados. Expertos en la materia señalan que, al eliminar la posibilidad de que un juez revise el porcentaje de incapacidad y su relación con el daño real, se podría dejar desprotegido al trabajador.
Además, la propuesta de la CIMCC forma parte de un debate más amplio sobre el futuro de las relaciones laborales. Los sindicatos, que han sido históricamente críticos de las reformas que buscan limitar los derechos laborales, estarán atentos a cualquier avance en este sentido, ya que podría abrir la puerta a nuevas discusiones sobre indemnizaciones por despido y otros aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo. La CIMCC ha manifestado que su intención no es debilitar la representación gremial, pero el planteo se enmarca en un contexto de tensiones laborales.
