Se supone que la reforma laboral seria una herramienta que favorecería la contratación laboral y por en ende el contrato en blanco. Extrañamente, lo que favoreció fue el despido, no la contratación. Por alguna razón el Gobierno, y la legislatura que aprobó la reforma considero que facilitar la salida de los trabajadores del mercado laboral, favorecería su ingreso ¿extraño no?
¿Que podría haberse hecho en lugar de la actual y nefasta reforma laboral?
Lo primero seria bajar el costo de registrar empleados, sobre todo para las pymes. Esto podría hacerse reduciendo gradualmente las cargas patronales, ofreciendo descuentos temporales en los aportes durante los primeros 12 o 24 meses de cada nuevo trabajador, y permitiendo que parte de esas contribuciones se compute como crédito fiscal reduciendo impuestos. También podrían simplificar algo la burocracia de la inscripción, creando un sistema digital único debería permitir que el empleador registre al trabajador en ARCA (ex AFIP), ANSES, ART y obra social con un solo trámite, especialmente pensado para pequeñas empresas y monotributistas empleadores.
Como contrapartida, deberían volver más costoso mantener personal en negro, pero no, el Gobierno LITERALMENTE ELIMINO LAS MULTAS POR CONTRATACION EN NEGRO. Me explico mejor, según ellos, para facilitar y aumentar el empleo en blanco, eliminaron las multas y castigos por contratar en negro, y facilitaron el despido de los trabajadores, ¿muy lógico, no?. Bien, insisto que debieron hacer todo lo contrario, volviendo aún mas costoso y penoso la evasion de la ley en la contratación en negro, y efectuar inspecciones laborales basadas en datos que identifiquen los sectores más informales, sumadas a un esquema de multas progresivas: duras para los reincidentes, pero con la posibilidad de que un empleador regularice voluntariamente sin sanción antes de ser detectado como establecía la antigua ley 24.013.
Los incentivos positivos también serían una gran idea. Se les puede dar acceso a créditos blandos y subsidios a las empresas con altos niveles de formalidad, además de prioridad en las licitaciones públicas. Otra medida efectiva es que el Estado subsidie parte de la capacitación de los trabajadores, de modo que las empresas vean un beneficio directo en contratar formalmente.
El trabajo en blanco es crucial para el trabajador en si, pero también para el sistema jubilatorio. La contratación en blanco significa garantizarle a la gente el acceso real y rápido a la obra social, la jubilación, el seguro de desempleo y créditos personales. Los aportes deberían ser plenamente portables, de forma que cambiar de empleo no implique perder derechos adquiridos. Y todo esto debería acompañarse con campañas de información que muestren de manera clara los riesgos de trabajar en negro y los beneficios concretos de la formalidad.
El incremento del trabajo en negro, es la perdida del trabajador actual y del jubilado de mañana.
Ahora, ¿Qué fue lo que el Gobierno hizo?
Con la promesa de «modernizar» el sistema de indemnizaciones: el «Fondo de Cese Laboral», lejos de ser una mejora, es un mecanismo que se perfila como una herramienta de flexibilización que traslada el riesgo al trabajador, debilita la protección contra despidos arbitrarios y abre un nuevo nicho de negocio para el mercado financiero.
La propuesta, que se presenta como una alternativa opcional a la indemnización tradicional del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, establece que, a través de convenios colectivos, el empleador deposite un porcentaje mensual del salario en un fondo a nombre del trabajador. Al finalizar la relación laboral, el empleado se lleva lo acumulado, sin importar el «motivo del cese».
Pero la realidad es mucho más cruda. No somos pocos los gremios y los abogados que advertimos que este sistema flexibiliza el despido y debilita un derecho histórico de los trabajadores argentinos. En la práctica, se estaría transformando la indemnización de un costo para la empresa en un pago anticipado y obligatorio por parte del empleador, que, en algunos casos, el propio trabajador terminaría financiando con sus aportes voluntarios.
Gonzalo García Garro señala que con este esquema «los trabajadores podrían terminar financiando su propia indemnización», es demencial. A su vez, el exministro de Trabajo, Carlos Tomada, ha calificado la medida como de «gran irresponsabilidad», destacando que los verdaderos beneficiarios son los empresarios, quienes tendrán la mano libre para despedir sin el costo económico adicional que representa la indemnización. El trabajador perdería todo poder de negociación frente al empleador, puesto que su despido ya esta pago sin importar su antigüedad. No importa si un trabajador tiene 2 años o 20 en una empresa, el despido para el empleador seria exactamente lo mismo puesto que ya estaría pago en el fondo de cese, perdiendo el trabajador el poder de «disuasión» y «escudo» que tiene actualmente por su antigüedad.
Además, el modelo del «fondo de cese» tiene sus orígenes en un régimen de la industria de la construcción, un sector con alta rotación. Extenderlo a la industria, el comercio o los servicios, donde el vínculo laboral es de largo plazo, carece de lógica. Como señalan especialistas, el verdadero problema del empleo no es la indemnización, sino el alto costo laboral integral y la presión fiscal, algo que esta medida no solo no resuelve, sino que agrega una nueva carga.
La Confederación de Trabajadores de la Argentina (CTA), por su parte, ha tildado el fondo de «otro negocio financiero», ya que los recursos serían gestionados a través de Fondos Comunes de Inversión (FCI) o fideicomisos, con el consecuente beneficio para las entidades que los administren.
En un contexto de crisis económica y alta inflación, la defensa de la indemnización tradicional es crucial. Es un mecanismo de protección contra el despido arbitrario y una herramienta de disuasión para el empleador. El nuevo fondo, al convertir la indemnización en un mero ahorro capitalizado, elimina el factor de penalización que históricamente protegió a los trabajadores de la arbitrariedad patronal. Con esta medida, el gobierno no solo atenta contra los derechos laborales, sino que también debilita la estructura sindical al generar inestabilidad y precarización en el mundo del empleo.
En conclusión, la promesa de «modernidad» del gobierno esconde una realidad de retroceso en materia de derechos laborales. El «Fondo de Cese Laboral» es una herramienta que, lejos de resolver los problemas del empleo, amenaza con precarizar aún más a la clase trabajadora y convertir la estabilidad laboral en un mero producto financiero
