Los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales han iniciado una intensa semana de protestas y paros, con reclamos contundentes por la pérdida de poder adquisitivo y la falta de una paritaria efectiva. La medida de fuerza, que se extenderá hasta el 17 de agosto, afecta a más de 66 casas de altos estudios en todo el país y amenaza con un nuevo «Ahogo salarial» que pone en jaque el normal inicio del segundo cuatrimestre.
Las demandas gremiales y el rechazo a la oferta oficial
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que agrupa a federaciones como CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT y los no docentes de la FATUN, ha rechazado por insuficiente la última propuesta del Gobierno. Los gremios denuncian la interrupción de las negociaciones paritarias desde septiembre de 2024 y señalan que los incrementos otorgados de forma unilateral no alcanzan a recomponer los salarios. Según datos difundidos, para recuperar el poder de compra de noviembre de 2023, se necesitaría un aumento de al menos el 45%, muy por encima de los porcentajes ofrecidos.
La situación se agrava con el dato de que más de 10 mil docentes ya han dejado sus puestos de trabajo debido a los bajos sueldos, lo que genera un «vaciamiento» de la universidad pública. El sector denuncia que el 60% de los docentes percibe salarios que oscilan entre 150 mil y 600 mil pesos, cifras que contrastan con los ingresos de otros funcionarios públicos y que, en un contexto de inflación, se vuelven insostenibles.
Carpa blanca y marchas: la lucha se visibiliza en todo el país
Como parte del plan de lucha, los sindicatos han convocado a distintas acciones, incluyendo una «carpa blanca» y concentraciones en diversas ciudades, para visibilizar el conflicto. En Salta, por ejemplo, un sector de autoconvocados realizó un paro de 48 horas, mientras que en Santa Cruz la medida de fuerza se extendió a 72 horas. Además del reclamo salarial, los gremios han sumado a su pliego de reivindicaciones la defensa del presupuesto universitario y el rechazo al posible veto presidencial a la ley de financiamiento que ya cuenta con media sanción en Diputados. Este contexto hace prever una posible nueva Marcha Federal, que no solo agrupe a la comunidad universitaria, sino a la educación en su conjunto.
La situación actual no solo impacta en lo salarial, sino que también amenaza la calidad académica y la continuidad de proyectos de investigación. El conflicto, que parece lejos de resolverse, pone de relieve la profunda crisis que atraviesa el sistema de educación superior en Argentina, en un escenario de ajuste fiscal que erosiona los pilares de la educación pública.
