La Confederación General del Trabajo (CGT) ha puesto fecha a su próxima gran movilización nacional: será el jueves 7 de agosto, coincidiendo con la tradicional marcha de San Cayetano, patrono del pan y el trabajo. Esta decisión marca un nuevo capítulo en la creciente tensión entre la central obrera y el gobierno de Javier Milei, evidenciando una postura cada vez más combativa frente a las políticas económicas y sociales del Ejecutivo.
Motivos de la Marcha: Un Grito de Alerta por la Crisis Social y Laboral
Los motivos que impulsan a la CGT a convocar a esta nueva jornada de protesta son múltiples y profundos, y reflejan la preocupación de la central obrera por el impacto de las políticas libertarias en los trabajadores y en la sociedad en general.
- Pérdida del Poder Adquisitivo y Salarios Bajos: La principal bandera de lucha sigue siendo la profunda caída del poder de compra de los salarios. A pesar de las negociaciones paritarias, la inflación galopante ha erosionado de forma drástica los ingresos, dejando a miles de familias por debajo de la línea de pobreza, como analizamos en nuestro artículo anterior. La CGT reclama «paritarias libres y homologación de todos los Convenios Colectivos de Trabajo» que no sean intervenidos ni limitados por el Gobierno.
- Ajuste y Despidos en el Estado: La política de «motosierra» del Gobierno ha resultado en miles de despidos en el sector público, el desmantelamiento de organismos y el congelamiento de la obra pública. Esto genera no solo desempleo directo, sino también un impacto negativo en la economía local y la provisión de servicios esenciales.
- Situación de Jubilados y Pensionados: La central obrera denuncia que a los jubilados «se les han quitado derechos» y exige «un aumento de emergencia para jubilaciones y pensiones» que les permita recuperar parte de lo perdido frente a la inflación.
- Rechazo a la Reforma Laboral (DNU y Ley Bases): La CGT ha sido una de las principales voces en contra de las reformas laborales incluidas en el DNU 70/2023 y el proyecto de Ley Bases. Consideran que estas medidas buscan flexibilizar las condiciones de contratación, limitar el derecho a huelga (ampliando las actividades esenciales) y desfinanciar las obras sociales, atacando derechos laborales consolidados y la libertad sindical. Muchos de estos puntos ya han sido judicializados por la propia central.
- Desfinanciamiento de Áreas Clave: Los gremios critican el «desfinanciamiento de áreas clave como educación, salud y obra pública», lo que, a su juicio, muestra una «insensibilidad» del gobierno frente a los problemas de la gente.
- «Menos trabajo, menos derechos, peores salarios»: Esta frase sintetiza la acusación de la CGT al Gobierno, responsabilizándolo por una crisis laboral y económica que profundiza la desigualdad social.
Postura Sindical y Relación con el Gobierno: De la Cautela a la Confrontación Abierta
La relación entre la CGT y el gobierno de Javier Milei ha transitado por distintas fases, pero actualmente se encuentra en un punto de marcada confrontación.
Inicialmente, tras la asunción, la CGT adoptó una postura de «prudencia y cautela», con un llamado a la gobernabilidad, e incluso hubo contactos iniciales con funcionarios como Guillermo Francos. Sin embargo, el anuncio del DNU y el paquete de medidas económicas y laborales fueron interpretados como una declaración de guerra por parte de la central obrera.
Desde ese momento, la postura de la CGT se endureció progresivamente. El 24 de enero y el 9 de mayo se realizaron sendos paros generales, y hubo una gran movilización el 1° de mayo. La convocatoria para el 7 de agosto es una continuidad de este «plan de acción gremial» que la CGT prometió mantener. La central obrera no solo se moviliza en las calles, sino que también ha recurrido a la Justicia para frenar normativas gubernamentales, logrando éxitos importantes como la suspensión de la reforma laboral del DNU en algunos de sus puntos, o la reciente obligación de convocar la paritaria nacional docente.
Mientras el Gobierno, a través de sus voceros, desestima las protestas argumentando que responden a intereses sectoriales o buscan «dañar al gobierno», la CGT se posiciona como la única institución que ha enfrentado de manera sostenida las políticas de ajuste. Héctor Daer, co-secretario general de la CGT, ha manifestado que «el costo del ajuste recayó sobre los trabajadores activos y pasivos, mientras que el sector financiero multiplicó obscenamente sus ganancias».
Si bien la CGT no descarta el diálogo (de hecho, algunos de sus dirigentes participan en instancias como el Consejo de Mayo, que impulsa el Gobierno), la convocatoria a la marcha del 7 de agosto deja claro que el diálogo no frenará la protesta callejera mientras las medidas gubernamentales sigan afectando los derechos y la calidad de vida de los trabajadores. La central obrera busca enviar un mensaje contundente a la Casa Rosada y movilizar a un amplio espectro de la sociedad, incluyendo no solo a trabajadores formales sino también a jubilados, estudiantes, y movimientos sociales.
