El gobierno nacional ha confirmado el inicio del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). El plan contempla la transferencia del 90% de las acciones al sector privado, mientras que el 10% restante seguiría en manos de los empleados de la empresa.
Este proceso se buscaría concretar a través de un esquema mixto que combinará una licitación pública nacional e internacional para incorporar a un operador estratégico, y posteriormente, una oferta pública inicial (OPI) para que inversores, ciudadanos y empleados puedan adquirir participación. Se espera lanzar la licitación antes de que termine 2025 y la adjudicación se concretaría en 2026.
El gobierno ha justificado esta decisión argumentando que, desde su estatización en 2006, AySA ha requerido aportes significativos del Estado y ha mostrado un deterioro en su infraestructura y un crecimiento en los costos operativos. No obstante, datos recientes del primer trimestre de 2025 indicarían un superávit operativo, lo que podría hacerla más atractiva para los inversores.
Consecuencias de la Privatización
La privatización de AySA, un servicio esencial como el agua y las cloacas, trae consigo varias consecuencias potenciales, muchas de ellas ya debatidas y experimentadas en el pasado con la privatización de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) en los años 90 (que luego volvió a ser AySA en 2006):
● Impacto en las tarifas: Es una de las preocupaciones más grandes. Se prevé un esquema de actualización trimestral de tarifas y la posibilidad de cortar el servicio por falta de pago. Los críticos advierten sobre un posible aumento desmedido de los costos, volviendo el servicio impagable para muchos usuarios, especialmente los más vulnerables.
● Calidad del Servicio e Inversión: Los defensores de la privatización argumentan que la inyección de capital privado permitirá una mayor inversión en infraestructura y una mejora en la calidad del servicio. Sin embargo, los detractores señalan que, en la experiencia anterior, la empresa privada priorizó la rentabilidad, llevando a desinversión en áreas menos lucrativas y un deterioro de la calidad en algunas zonas.
● Regulación Estatal: Un punto clave será el rol del Estado como regulador. Para evitar abusos y garantizar la calidad y el acceso, es fundamental que exista un marco regulatorio robusto y una entidad de control independiente y con poder real para supervisar a la empresa privada.
● Empleo: Existe la preocupación de que una empresa privada pueda buscar reducir costos a través de la reducción de personal o la precarización laboral, lo que tendría un impacto directo en los trabajadores de AySA.
¿Qué podrá hacer AySA como empresa privada?
Una vez privatizada, AySA operaría bajo una lógica de mercado, buscando la rentabilidad y la eficiencia económica. Esto podría implicar:
● Inversión con fines de lucro: Las inversiones se enfocarían en áreas donde se espere un retorno de la inversión, lo que podría dejar relegadas zonas de menor poder adquisitivo o con infraestructura más compleja.
● Eficiencia operativa: La empresa privada buscará optimizar procesos, reducir costos y mejorar la gestión, lo que podría resultar en una mayor eficiencia, pero también en posibles recortes de personal o servicios menos rentables.
● Acceso a financiamiento: Al ser privada, la empresa tendría mayor facilidad para acceder a mercados de capitales y obtener financiamiento para proyectos, sin depender directamente del presupuesto estatal.
● Capacidad de corte por falta de pago: Una de las novedades planteadas es la posibilidad de cortar el servicio a los usuarios que no cumplan con el pago, algo que no ocurre bajo la gestión actual.
Posibles Compradores
Aunque no hay nombres confirmados de manera oficial, se especula con el interés de fondos de inversión y grupos financieros internacionales, así como de empresas con experiencia en la gestión de servicios de agua y saneamiento a nivel global. El gobierno ya habría recibido consultas y el hecho de que AySA haya presentado superávit en el último tiempo podría hacerla más atractiva para los inversores. La búsqueda se enfocaría en un operador estratégico con capacidad financiera y técnica para llevar adelante la gestión.
Consecuencias (Recapitulando y Profundizando)
Las consecuencias, como te adelantaba, son un tema central y generan un intenso debate:
● Para los usuarios: Posibles aumentos tarifarios significativos, la amenaza del corte de servicio por mora, y una incertidumbre sobre la equidad en el acceso y la calidad del servicio, especialmente en zonas periféricas o vulnerables que podrían no ser prioritarias para una empresa con fines de lucro.
● Para el Estado: El gobierno busca aliviar la carga presupuestaria que representa AySA y eliminar el déficit. Sin embargo, perderá el control directo sobre un servicio esencial y deberá asegurar una fuerte capacidad de regulación para proteger los derechos de los ciudadanos. Además, el antecedente del laudo del CIADI por la rescisión del contrato de Aguas Argentinas en 2006 (que Argentina debió pagar) es un recordatorio de los riesgos legales.
● Para los trabajadores: Preocupación por la estabilidad laboral, condiciones de trabajo y posibles ajustes en la planta de personal. Los sindicatos del sector seguramente estarán en alerta y podrían impulsar medidas de fuerza.
