El veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario desata una nueva crisis con el Congreso y el sector educativo

En una movida política que redobla la apuesta del Gobierno tras el revés electoral en la Provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei vetó en su totalidad la Ley 27.795, que garantizaba un aumento progresivo del presupuesto para las universidades públicas. La decisión, que se conoció este miércoles, fue duramente criticada por el arco opositor y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quienes ya anuncian medidas de fuerza y buscan revertir la medida en el Parlamento.
¿Qué establecía la ley vetada?
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplia mayoría en el Congreso Nacional, tenía un objetivo claro: «garantizar la protección y el sostenimiento» del financiamiento de las casas de altos estudios. Sus puntos clave eran:
● Aumento presupuestario: Establecía un incremento progresivo del presupuesto universitario, buscando alcanzar el 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para el año 2031.
● Actualización salarial: Ordenaba la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes, con el fin de asegurar una recomposición salarial que no quede por debajo de la inflación.
● Creación de un fondo: Creaba un fondo de $10 mil millones (ajustables por IPC) para financiar nuevas carreras estratégicas, especialmente en áreas como inteligencia artificial.
Las razones del veto y la lectura política
El veto, publicado en el Boletín Oficial, se justifica con argumentos de «falta de sustento presupuestario». La Casa Rosada sostiene que la ley implicaba un «aumento desproporcionado del gasto público sin respaldo» y ponía en riesgo la meta de «equilibrio fiscal». El texto del decreto presidencial, firmado por Milei y sus ministros, señala que «no se puede gastar más de lo que ingresa».
Sin embargo, para gran parte del arco político y el sector universitario, el veto tiene una lectura más profunda, especialmente después de los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo no logró los resultados esperados. Analistas consultados consideran que la medida es una muestra de que el Gobierno, lejos de moderar su postura, opta por profundizar el ajuste y consolidar su política de «vetocracia», incluso a riesgo de tensar aún más la relación con el Congreso.
El camino de la ley: del veto al Congreso
Con el veto presidencial, la ley ahora debe volver al Poder Legislativo. De acuerdo con la Constitución, el Congreso tiene la potestad de «insistir» con la sanción de la norma. Para lograrlo, tanto la Cámara de Diputados como el Senado deben ratificar la ley con una mayoría de dos tercios de sus miembros presentes en cada cuerpo.
Diputados de la oposición, como Julia Strada de Unión por la Patria y Pablo Juliano de Democracia Para Siempre (bloque autor del proyecto), ya anticiparon que intentarán rechazar el veto en una sesión especial.
Mientras tanto, la respuesta desde las bases no se hizo esperar. La Federación Universitaria Argentina (FUA) y sindicatos docentes anunciaron un paro nacional universitario y la convocatoria a una tercera Marcha Federal, que promete volver a llenar las calles para defender el presupuesto educativo y la universidad pública. El próximo miércoles, la posible sesión para tratar el veto podría coincidir con una masiva movilización, reavivando una de las tensiones más fuertes de la gestión de Milei.