En un movimiento de alto impacto político y laboral, el gobierno del presidente Javier Milei promulgó formalmente, pero simultáneamente suspendió la aplicación, de dos normas estratégicas para el ámbito social: la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) y la Ley de Emergencia Pediátrica (Ley 27.796). Esta acción, materializada a través de los Decretos 759/2025 y 760/2025, anula en la práctica el efecto de la ratificación legislativa que había revertido los vetos presidenciales.
La decisión ha generado una inmediata y contundente reacción de los gremios y sindicatos de ambos sectores, que ven congeladas sus principales reivindicaciones salariales y presupuestarias, reactivando la tensión en las calles y la posibilidad de nuevas medidas de fuerza a nivel nacional.
El Argumento de la «Inviabilidad Fiscal»
El Poder Ejecutivo justificó la suspensión basándose en el Artículo 5° de la Ley 24.629 (Ley de Ejecución del Gasto Público), que obliga a que toda ley que disponga gastos prevea expresamente sus fuentes de financiamiento. Según los considerandos de los decretos, las normas ratificadas por el Congreso implican un «impacto desmedido» sobre las cuentas públicas que no está presupuestariamente respaldado.
El costo de la Ley de Financiamiento Universitario, por ejemplo, se estima en $1,07 billones para 2025, una cifra que el Gobierno califica de «inviable» en el marco de su programa de ajuste y equilibrio fiscal.
La fórmula legal adoptada permite al Gobierno cumplir con la formalidad constitucional de promulgar las leyes tras el rechazo del veto, pero suspende su entrada en vigencia «hasta tanto el Congreso determine las fuentes de financiamiento necesarias» o «se incluyan en el presupuesto nacional las partidas». Esta decisión, que deja la pelota en el campo legislativo, implica la postergación sine die de su ejecución.
El Desencadenante del Conflicto Sindical
Las leyes suspendidas contenían puntos cruciales para el ámbito laboral, hoy paralizados por la decisión presidencial:
Sector Universitario: Salarios Congelados y Crisis de Funcionamiento
La Ley 27.795 preveía la recomposición salarial automática para el personal docente y no docente, con ajustes retroactivos por inflación acumulada desde diciembre de 2023. Su
suspensión congela la renegociación paritaria y mantiene el poder adquisitivo del sector en franco deterioro.
● Respuesta Gremial: Los gremios universitarios como la CONADU, CONADU Histórica y FATUN (Federación de Docentes de las Universidades y Federación de No Docentes) denunciaron la maniobra como una «burla» al Poder Legislativo y a la comunidad universitaria. Se sucedieron paros de 24 horas y se evalúan acciones judiciales para forzar el cumplimiento de la ley, además de la profundización del plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto.
Sector Salud: Emergencia y Deterioro Salarial en Hospitales
La Ley 27.796 buscaba declarar la emergencia sanitaria, garantizar el financiamiento del Hospital Garrahan, y establecer la recomposición salarial inmediata y la exención del Impuesto a las Ganancias para el personal que cumple tareas críticas, incluyendo médicos residentes.
● Respuesta Gremial: La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) calificaron el accionar del Gobierno como una «provocación autoritaria» y una «ilegalidad». El sector de la salud, ya movilizado por la crisis del Garrahan, anticipó que la suspensión profundizará el desfinanciamiento y el éxodo de profesionales, evaluando la convocatoria a un Paro Nacional en rechazo a la medida.
La suspensión por decreto, que repite la fórmula aplicada a la Ley de Discapacidad, no solo profundiza el conflicto político entre el Ejecutivo y el Congreso, sino que garantiza un nuevo pico de tensión con los sindicatos y gremios, que ven en esta maniobra un ataque directo a los derechos sociales y a las conquistas laborales conseguidas a través del debate parlamentario
