En un nuevo y controvertido movimiento que sacude el sistema laboral, el gobierno de Javier Milei oficializó, a través del Decreto 549/2025, una nueva Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales. Esta medida, publicada en el Boletín Oficial, sustituye la normativa que estaba vigente desde 1996 y modifica la forma en que se miden los daños por accidentes y enfermedades laborales, lo que generará un impacto directo en el cálculo de las indemnizaciones que reciben los trabajadores afectados.
La nueva norma, que entrará en vigencia a partir de febrero de 2026, fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Según fuentes oficiales, el objetivo es establecer un «procedimiento uniforme y estandarizado para la valoración del daño corporal» y así reducir la «litigiosidad» y la «asimetría de criterios» entre los damnificados. La nueva tabla, conocida como «baremo laboral», busca garantizar una evaluación más rápida y precisa de las secuelas incapacitantes permanentes.
Sin embargo, desde el movimiento obrero y los especialistas en derecho laboral, la medida ha generado un fuerte rechazo. La Confederación General del Trabajo (CGT) y otros sindicatos han expresado su preocupación, argumentando que la reforma es un ataque a los derechos de los trabajadores y que, en la práctica, reduce significativamente el monto de las compensaciones por invalidez o fallecimiento. Aunque el gobierno defiende que se trata de un avance técnico y administrativo, las críticas apuntan a que la nueva tabla impone una «rigidez matemática» que «deshumaniza» el proceso de valoración del daño y, en última instancia, beneficia a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) al reducir sus costos.
Expertos consultados han advertido que la nueva normativa, al establecer criterios más estrictos y con topes en la valoración de ciertas incapacidades (como las psiquiátricas o la pérdida auditiva), podría dejar a muchos trabajadores con una compensación menor a la que hubieran obtenido con el sistema anterior. La modificación se suma a otras medidas laborales impulsadas por el gobierno, como el «fondo de cese laboral» y la restricción del derecho a huelga, que han sido percibidas por el sindicalismo como una estrategia coordinada para debilitar a los gremios y precarizar las condiciones laborales.
El decreto, al ser una medida unilateral del Poder Ejecutivo sin pasar por el Congreso, reaviva el debate sobre la constitucionalidad de estas reformas y su impacto en la seguridad social. Mientras el gobierno insiste en su búsqueda de eficiencia y reducción de costos, el temor de los trabajadores y sus representantes es que la «estandarización» del cálculo se traduzca en una menor protección para quienes sufren un accidente o contraen una enfermedad profesional en el ejercicio de su labor. La aplicación de la nueva tabla, a partir de 2026, marcará un antes y un después en el sistema de riesgos del trabajo en Argentina, con pronósticos que anticipan una nueva oleada de conflictos judiciales y un endurecimiento de la lucha sindical.
Por Wenceslao Alvarez de Toledo
Abogado especialista en Derecho Sindical, Laboral Individual y Colectivo. Toda una vida dedicada al Sindicato y a los Trabajadores.