No es apropiado hablar desde un lugar personal, desde la subjetividad, desde el dolor y la impotencia cuando se intenta ser profesional en un tema, pero me excede por completo. Veo el dolor a diario que causa la negligencia, impericia y malicia causada por una normativa fría, nefasta y distante como lo es la normativa en discapacidad. Ni hablar de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), agencia sobre la que dentro de poco me expresaré. Rechazar y vetar una Ley que ayudaría a personas discapacitadas, muchos de ellos pequeños, niños y niñas, me resulta repugnante, pido perdón nuevamente por no poder contener mi opinion personal.
La promulgación de una ley no siempre marca el final del camino legislativo. A veces, es el inicio de una batalla aún más grande. Este es el caso de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso con un amplio consenso, pero frenada en seco por el presidente Javier Milei. Su veto total ha desatado una ola de críticas y movilizaciones, poniendo en el centro del debate la situación crítica que atraviesan millones de personas en el país.
¿Qué proponía la ley y por qué es tan importante?
El proyecto de ley, que declaraba la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta 2026, nació como una respuesta a la «gravedad de la crisis» que afecta al sector. Sus puntos más destacados, y que ahora quedan en pausa, eran:
● Actualización de aranceles: Buscaba garantizar que los prestadores de servicios a personas con discapacidad (centros de día, talleres protegidos, acompañantes terapéuticos) pudieran sostener su labor. Los prestadores aseguran que los aranceles actuales están desactualizados y no cubren los costos, llevando a muchos a la quiebra o a la precarización laboral, o peor aún, a que las personas que necesitan de prestaciones y especialistas no puedan conseguirlos por lo bajo que son los pagos. Profesionales que cobran miserias muchas veces se muestran reticentes a aceptas tales cargo por el bajo y pueril «sueldo» que se ofrece a tan necesario cuidado. Incluso niños y niñas de edad primaria no pueden conseguir maestros/as integradores, terapias necesarias, tratamientos, todo por esta vetusta y negligente normativa sobre discapacidad, y ahora que se intenta levemente actualizarla, es vetada. La ley proponía actualizaciones automáticas.
● Nueva pensión no contributiva: Creaba una pensión por discapacidad compatible con el trabajo formal, un cambio fundamental que buscaba fomentar la inclusión laboral sin que las personas pierdan su sustento básico.
● Cumplimiento del cupo laboral: Reafirmaba la obligación del Estado de cumplir con el 4% de cupo laboral para personas con discapacidad en el sector público.
● Compensación económica de emergencia: Establecía una ayuda económica para los prestadores del sistema.
El Veto Presidencial: ¿Qué significa?
El veto es una facultad constitucional del Poder Ejecutivo para rechazar, de manera total o parcial, un proyecto de ley aprobado por el Congreso. En este caso, al ser un veto total, el presidente Milei invalidó por completo la iniciativa. El argumento del Gobierno, publicado en el Boletín Oficial a través del decreto 534/2025, es que las leyes vetadas eran «fiscalmente irresponsables» y no especificaban fuentes de financiamiento. Según la Casa Rosada, implicaría un gasto de más de 2 billones de pesos en 2025 y 4,7 billones en 2026.
La decisión fue oficializada el 4 de agosto de 2025. Previamente, el Senado había aprobado la ley el 10 de julio.
¿Y ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos?
El veto presidencial no es el punto final, pero sí un obstáculo importante. El proyecto de ley vuelve ahora al Congreso, que tiene la potestad de insistir en su sanción. Para ello, se necesita una mayoría especial de dos tercios de los votos en cada una de las cámaras, tanto en Diputados como en Senadores.
● Si el Congreso logra reunir los dos tercios, la ley será promulgada de forma obligatoria.
● Si las cámaras no alcanzan la mayoría calificada o difieren en sus votos, el proyecto de ley no podrá volver a ser tratado en las sesiones de este año, y deberá esperar hasta el próximo período legislativo.
La oposición ya ha manifestado su intención de revertir el veto, y organizaciones de la sociedad civil se han movilizado en diferentes puntos del país para presionar a los legisladores. La lucha por la ley, entonces, se traslada del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, donde el consenso político será la clave para definir su destino final.
Solo me queda expresar, y pido perdon, en caracter exneteramente personal mi más profundio repudio al veto presidencial sobre una ley, que aun deficiente pero mejor, intentaba ayudar a las personas discapacidas, muchos de ellos menores de edad, chicos y chicas que no sabemos que futuro tendram y cuyos padres sufren angustiosamente sin descansando. Desde mi lugar escribo esta humilde nota esperando aportar un pequeño grano de arena.
