ATE en Pie de Guerra contra Adorni: El Día del Empleado Público

La decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar por decreto el feriado del Día del Empleado Público, celebrado cada 27 de junio, ha desatado una nueva y virulenta confrontación con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). En un tono enérgico, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, no solo repudió la medida, sino que apuntó directamente contra el vocero presidencial, Manuel Adorni, tildando la acción de «despótica» e «ilegal», y advirtiendo que «en Argentina no existen los emperadores».
La controversia se enciende a pocos días de la fecha conmemorativa, instituida por la Ley 26.876 en 2013 en reconocimiento al rol del personal estatal y en línea con el Convenio N.º 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. Este marco legal, que la gestión actual busca soslayar, otorga a los trabajadores estatales una jornada de asueto, equiparándola a un feriado nacional para todos los efectos legales.
Desde ATE, la postura es categórica: la ley solo puede ser derogada por otra ley, no por un decreto presidencial. «Sólo el Congreso puede derogar una ley que el mismo sancionó. Es una intromisión ilegítima del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo», sostuvo Aguiar, quien además elevó la apuesta al acusar a Adorni de «gozar de privilegios del Estado» al haber «llenado la Secretaría de Comunicación de familiares y militantes libertarios con sueldos millonarios». Esta última aseveración, de confirmarse, añadiría un matiz de hipocresía a las críticas gubernamentales sobre los supuestos privilegios del sector público.
La Visión Oficial: «Privilegios» y «Estatismo»
La justificación oficial, esgrimida por Manuel Adorni, se inscribe en la narrativa gubernamental de un Estado «presente pero no asfixiante». Adorni sentenció que «el Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene». Para el vocero, la medida es coherente con «la concepción del Estado que tiene este Gobierno, que está para allanar el camino de libertad a los argentinos, no para entorpecerlo». En esta línea, el gobierno busca desmantelar lo que denomina la «Argentina que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado».
Sin embargo, esta argumentación es fuertemente rebatida por los gremios, quienes ven en ella una desvalorización sistemática del trabajo estatal y una avanzada para justificar recortes y despidos. Para ATE, la eliminación del asueto no es un hecho aislado, sino parte de una política de «vaciamiento del Estado» y de «deslegitimación de los trabajadores públicos». «Quieren eliminar el día que reconoce a quienes trabajan en el Estado porque buscan borrar su rol social. Pero no lo van a lograr», advirtió Aguiar, anticipando una férrea resistencia.
Implicancias Legales y Políticas de un Conflicto en Escalada
La batalla por el 27 de junio no es meramente simbólica. De concretarse el decreto, afectaría a millones de trabajadores de la administración pública nacional, incluyendo empleados de ministerios, organismos descentralizados, entes autárquicos, así como a docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad. La legalidad de un decreto que derogue una ley es un punto central que seguramente será judicializado por los sindicatos, abriendo un flanco legal importante para el gobierno.
Este episodio se suma a un historial reciente de tensiones entre el gobierno de Milei y los gremios, que incluye despidos masivos en el sector público, el intento de avanzar con reformas laborales a través del DNU 70/2023 (parcialmente frenado por la justicia y suspendido de aplicación en su Capitulo IV Laboral), y una confrontación constante con las centrales obreras. La eliminación del Día del Empleado Público, por su carga simbólica y su impacto directo en las condiciones laborales, podría ser el detonante de nuevas medidas de fuerza y una mayor articulación del frente sindical opositor.
La pulseada está planteada: el gobierno, decidido a imponer su visión de un Estado reducido y «eficiente», y los sindicatos, dispuestos a defender cada derecho y cada conquista laboral. El 27 de junio, más allá de la jornada de asueto, se erige ahora como un símbolo de resistencia y un campo de pruebas para la solidez de las instituciones y la capacidad de movilización de los trabajadores estatales en Argentina.