La «motosierra» de Javier Milei apunta a uno de los organismos históricos del Estado argentino. El presidente Milei, en línea con su plan de achicamiento y desregulación, estaría a días de firmar y publicar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que oficializaría la disolución de Vialidad Nacional. La medida, que se espera vea la luz antes del próximo 8 de julio, busca reconfigurar la gestión de la infraestructura vial del país, generando una fuerte controversia en el ámbito político, gremial y económico.
El borrador del decreto, sobre el que ya circulan diversas versiones entre la prensa y los círculos oficiales, establecería la eliminación de la estructura actual de Vialidad Nacional. Sus funciones serían redistribuidas entre otras carteras, principalmente la Secretaría de Transporte, y se crearía una nueva «Agencia de Control de Concesiones de Transporte» encargada de fiscalizar las obras y contratos. Además, se contempla una transferencia de responsabilidades en el control del tránsito a la Gendarmería Nacional.
El Impacto Inmediato: Empleos en Riesgo y el Futuro de las Rutas
La inminente publicación del decreto ha encendido las alarmas en el seno de los sindicatos, que representan a los más de 1.600 trabajadores de Vialidad Nacional en todo el país. Si bien se menciona la posibilidad de mantener temporalmente parte de la planta en sus puestos, la perspectiva de despidos masivos es una realidad que genera gran incertidumbre y preocupación. Los gremios han convocado a un estado de alerta y movilización, con acciones de protesta programadas para defender los puestos de trabajo y el rol del organismo.
Más allá de la cuestión laboral, la disolución por decreto de Vialidad Nacional genera serias dudas sobre el mantenimiento y la calidad de la red vial. Expertos en infraestructura y referentes de la sociedad civil advierten que la desarticulación de una entidad con décadas de experiencia y conocimiento técnico podría derivar en un deterioro de las rutas, un aumento de los accidentes viales y una descoordinación en la planificación y ejecución de las obras. La preocupación se centra en la capacidad de las estructuras que heredarán estas funciones para afrontar la complejidad de la gestión vial a nivel nacional.
Un DNU que Desafía un Legado
La decisión de Milei de utilizar un DNU para disolver Vialidad Nacional es una clara señal de su voluntad de avanzar rápidamente con la reforma del Estado. Sin embargo, esta vía legal plantea interrogantes sobre la discusión parlamentaria y el consenso político en una medida de esta envergadura. Los críticos señalan que la disolución por decreto ignora la importancia estratégica del organismo y el legado de su labor en la construcción y mantenimiento de la infraestructura que conecta a la Argentina.
En los próximos días, la publicación del decreto definirá un nuevo rumbo para la gestión vial en el país, abriendo un capítulo de profundas transformaciones y un intenso debate sobre el futuro del Estado y sus organismos clave. La tensión en el ámbito gremial y la incertidumbre en el sector de la construcción y el transporte prometen ser protagonistas de la agenda nacional.
