Los sindicatos del sector vial, con la histórica victoria en la Cámara de Diputados a sus espaldas, redoblan la presión sobre el Senado de la Nación para que rechace de manera definitiva el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La lucha se libra en las calles, en los pasillos del Congreso y en los tribunales, donde los trabajadores ya han logrado importantes reveses judiciales contra las políticas del Gobierno. Las principales figuras gremiales denuncian «informes falsos» del Ejecutivo y alertan sobre la privatización de la infraestructura vial del país.
La tensión en torno a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) no cesa, y los gremios del sector se han convertido en la principal fuerza de resistencia ante las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei. Lo que comenzó con un anuncio oficial sobre el cierre del organismo, justificado por el vocero presidencial Manuel Adorni bajo el argumento de combatir una supuesta «corrupción» y «despilfarro», se ha transformado en un conflicto de múltiples frentes que los trabajadores viales están decididos a ganar.
La estrategia de la resistencia: del Congreso a la Justicia
El primer gran hito de la lucha gremial fue el rechazo del Decreto Delegado 461/25 en la Cámara de Diputados. Esta votación, que representó un freno contundente a la intención del Poder Ejecutivo, impulsó a los sindicatos a concentrar ahora toda su energía en el Senado. Con la consigna «El Senado decide», las organizaciones, nucleadas en la federación FEPEVINA, han convocado a movilizaciones frente al Congreso, buscando visibilizar la importancia estratégica de la DNV y presionar a los legisladores para que se sumen a la derogación.
Al mismo tiempo, la batalla se libra en los tribunales. El Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), con su titular Emiliana McNamara a la cabeza, presentó un recurso de amparo que ya ha surtido efecto. Un juzgado federal de San Martín falló a favor de los trabajadores, suspendiendo de forma cautelar cualquier acto administrativo que busque el desguace del organismo. Este fallo, que prohíbe cesantías o suspensiones, fue celebrado por los gremios como un «límite a un gobierno autoritario». El Gobierno, sin embargo, ha prometido apelar la decisión, anticipando que la disputa legal continuará.
El argumento gremial: defensa del trabajo y de la soberanía nacional
Los sindicatos de Vialidad no solo defienden los puestos de trabajo, sino que elevan el debate al plano de la soberanía nacional. Figuras como la sindicalista Graciela Aleñá han advertido que la disolución del organismo compromete la seguridad vial y dejaría la infraestructura del país en manos de la iniciativa privada, lo que, según su visión, podría deteriorar la red de rutas y afectar la capacidad de respuesta ante emergencias.
Los gremios desmienten de plano los argumentos del Gobierno, que justificó el cierre del organismo bajo un discurso anticorrupción. Los trabajadores sostienen que la medida se basa en «informes falsos» y que la verdadera intención es privatizar un sector vital. La movilización de los viales ha encontrado eco en un amplio sector de la ciudadanía, que ha manifestado su apoyo masivo a la causa, reconociendo el rol fundamental del organismo en la vida diaria de millones de argentinos.
Con la atención mediática y política centrada en el Senado, el futuro de Vialidad Nacional está ahora en una etapa crítica. La presión gremial y las victorias judiciales han puesto al Poder Ejecutivo contra las cuerdas, demostrando que la resistencia organizada puede ser un freno efectivo a las políticas de desmantelamiento del Estado.
