La firma Goldmund S.A., titular de la marca de electrodomésticos Peabody, formalizó su presentación en concurso preventivo de acreedores, una decisión que cristaliza la profunda crisis que atraviesa la industria manufacturera nacional. Bajo el expediente COM 002835/2026, radicado en el Juzgado Comercial 21, Secretaría N° 41, la empresa busca una reestructuración de pasivos para evitar la quiebra, en un escenario marcado por la apertura de importaciones y el desplome del consumo interno.
Radiografía de un industricidio anunciado
Dante Choi, titular de la compañía, venía advirtiendo desde finales del año pasado sobre lo que definió como una «avalancha de importaciones». Según el empresario, la competencia desleal de productos extranjeros —muchos de ellos ingresados sin controles de calidad ni fiscales estrictos— terminó por socavar la viabilidad financiera de su planta en La Tablada.
La paradoja es absoluta: mientras el Gobierno nacional proyecta cifras de crecimiento macroeconómico, la realidad en las naves industriales muestra una capacidad instalada que apenas roza el 50%. En el caso de Peabody, la estrategia de supervivencia incluyó la relocalización de parte de su producción hacia Paraguay a finales de 2025, buscando costos operativos y tributarios más bajos, dejando la operación en Argentina reducida a una mínima expresión.
El impacto en el empleo: la UOM en estado de alerta
La situación de Peabody no es un hecho aislado. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ha denunciado recientemente la pérdida de más de 26.000 puestos de trabajo en todo el sector desde el inicio de la actual gestión económica. El gremio califica el panorama como un «industricidio» deliberado, producto de la falta de políticas de protección a la producción nacional.
En el polo industrial de la Línea Blanca, la alarma es máxima. Solo en este segmento, se contabilizan cerca de 3.000 operarios afectados por despidos, suspensiones o retiros voluntarios en empresas de primera línea como Mabe y Electrolux. El concurso de Goldmund S.A. pone ahora en jaque la estabilidad de los 250 trabajadores que aún dependen de la planta bonaerense de la firma.
Perspectiva jurídica y gremial
Desde el punto de vista del derecho del trabajo, el concurso preventivo abre un período de incertidumbre para las obligaciones laborales. Si bien la empresa comunicó a su red comercial que la actividad continuará con «normalidad», los delegados sindicales y asesores legales de la UOM monitorean de cerca que el proceso de reestructuración de pasivos no se traduzca en una licuación de salarios adeudados, aportes previsionales o, en el peor de los casos, un esquema de despidos masivos bajo el amparo de la crisis.
La legislación vigente establece que los créditos laborales gozan de privilegio, pero en la práctica, los tiempos de la justicia comercial suelen colisionar con la urgencia alimentaria de las familias trabajadoras.
Un modelo en tensión
La crisis de Peabody expone la vulnerabilidad de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) industriales frente a un modelo de apertura comercial irrestricta. La combinación de una caída vertical en el poder adquisitivo —que paralizó la venta de bienes durables— junto con la eliminación de barreras arancelarias, ha generado un «combo letal» para la industria de electrodomésticos.
Mientras la justicia comercial analiza la viabilidad del plan de pagos de Goldmund S.A., el arco sindical metalúrgico exige de manera urgente una mesa de diálogo con la Secretaría de Trabajo para frenar el goteo de cierres y despidos que amenaza con desmantelar definitivamente la capacidad productiva de la región.
