La administración del presidente Javier Milei ha llevado adelante un drástico plan de ajuste en el sector público, que se ha traducido en un recorte masivo de personal y una profunda reestructuración de organismos estatales. Desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2025, el Sector Público Nacional ha registrado 52.340 bajas, una reducción del 15,2% de su dotación, según informes recientes. Esta política, justificada por el Gobierno como necesaria para achicar el Estado y lograr el equilibrio fiscal, ha generado una fuerte controversia y un impacto significativo en servicios esenciales y capacidades estratégicas del país.
El Impacto de los Despidos: Cifras Alarmantes y Organismos Estratégicos en Jaque
Los recortes han golpeado con dureza a diversas áreas de la administración, afectando tanto a empresas estatales como a organismos descentralizados y la administración central. Entre los más afectados en números absolutos se encuentran:
● Correo Argentino: Lidera la lista con 4.945 despidos.
● Operadora Ferroviaria S.E.: Con 2.293 desvinculaciones.
● Aerolíneas Argentinas: Con una reducción de 1.780 puestos.
● Banco Nación y AySA: Con 1.689 y 1.577 bajas respectivamente.
Proporcionalmente, la ex agencia de noticias Télam sufrió el recorte más brutal, con una reducción del 80% de su plantilla (644 trabajadores), llevándola prácticamente a su extinción. Otros organismos con recortes significativos incluyen ENARSA Patagonia, Educar S.A., Contenidos Públicos S.E., y ADIF.
Dentro de la Administración Pública Nacional, también se registran miles de despidos en entidades cruciales como la Agencia de Seguridad Social y Recaudación del Estado Nacional (ARCA) con 2.996 bajas, ANSES (1.423), y CONICET (985). Asimismo, ENACOM (778), el INTI (726) y SENASA (482) también han sido fuertemente impactados.
Vialidad Nacional e INTI: Ejemplos de la «Motosierra» en Acción
La situación en organismos como Vialidad Nacional y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ejemplifica el alcance y las consecuencias de esta política de ajuste:
● Vialidad Nacional: Este organismo clave para la infraestructura del país ha sufrido el despido de 1.600 trabajadores y la suspensión de todas las obras viales en curso. La medida, que se enmarca en la derogación de la ley que establecía a Vialidad como ente autárquico, ha generado preocupación por el deterioro de las rutas nacionales y la seguridad vial. Las provincias y municipios han debido asumir tareas básicas de mantenimiento con recursos propios, evidenciando el vaciamiento de una función estatal esencial. Rumores de una posible disolución del organismo incrementan la incertidumbre
sobre el futuro de la infraestructura vial argentina.
● INTI: El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, pilar del desarrollo científico y productivo del país, ha enfrentado el no-renovación de contratos de personal, lo que derivó en fuertes protestas y represión. Si bien algunas reincorporaciones parciales se lograron tras la presión sindical, persiste una gran preocupación por lo que los trabajadores y expertos denominan el «desguace» de la institución. Se teme que un decreto inminente le quite su autarquía y lo centralice, vaciando sus capacidades en certificación de calidad de productos y asistencia tecnológica a PyMEs, poniendo en riesgo tanto a la población como a la industria nacional. Las movilizaciones y «abrazos simbólicos» al INTI se multiplican en defensa de su rol estratégico.
El Debate sobre el Rol del Estado y las Consecuencias Sociales
Los recortes masivos, aunque el Gobierno los presente como una necesaria «reorganización» para la eficiencia y el ahorro fiscal (estimado en miles de millones de dólares), han redefinido el rol del Estado, priorizando la lógica del mercado sobre los derechos sociales y las capacidades públicas.
Las consecuencias de esta política se extienden más allá de los números de despidos. La paralización de la obra pública, que se ha recortado en un 83% en 2024, sumada a la reducción de subsidios, ha afectado directamente a las familias más vulnerables y ha profundizado las desigualdades sociales. La pérdida de puestos de trabajo en el sector público se suma a la caída generalizada del empleo, generando un escenario de creciente preocupación social.
Los sindicatos, encabezados por ATE y otras centrales, han respondido con paros y movilizaciones a nivel nacional, denunciando que detrás del «ajuste» se esconde un desmantelamiento del Estado y una vulneración de los derechos laborales. El Gobierno, por su parte, califica estas protestas de «medidas extorsivas», ratificando su compromiso con la reducción del gasto público y la búsqueda de un «Estado eficiente».
La «motosierra» de Milei no solo recorta presupuestos, sino que redefine el horizonte del sector público argentino, en una confrontación que promete continuar siendo uno de los ejes centrales del debate político y social del país.
Por Wenceslao Alvarez de Toledo
Abogado especialista en Derecho Sindical, Laboral Individual y Colectivo. Toda una vida dedicada al Sindicato y a los Trabajadores.