Un fallo judicial de primera instancia dictado este jueves ha suspendido por seis meses el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el organismo encargado del mantenimiento y desarrollo de la red vial del país. La medida cautelar, dictada por la jueza federal Martina Forns del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, representa un significativo revés para la política de reorganización del Estado impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La decisión judicial se originó a partir de una presentación realizada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional – Casa Central (SEVINA). El gremio argumentó que el Decreto 461/2025, publicado en el Boletín Oficial el pasado 8 de julio, ponía en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores y vulneraba principios constitucionales fundamentales.
Argumentos del Fallo: Estabilidad Laboral y Garantías Sindicales
La jueza Forns, en su resolución, hizo hincapié en la protección de los derechos laborales y las garantías sindicales. Según el fallo, el decreto gubernamental «vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad» y subordina decisiones propias del organismo a la «exclusiva discrecionalidad» del Poder Ejecutivo.
Uno de los puntos más cuestionados por la magistrada fue el Artículo 33 del Decreto 461/2025, que establecía que «todo movimiento de personal» debía contar con la aprobación previa de la Secretaría de Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. La jueza consideró que esta disposición atenta contra la estabilidad de los empleados públicos, un principio resguardado por la Constitución Nacional y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La resolución judicial prohíbe al Estado nacional y al Poder Ejecutivo la ejecución de cualquier acto administrativo derivado del decreto que implique reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o la supresión de estructuras vinculadas a Vialidad Nacional, al menos por los próximos seis meses. La jueza aclaró que esta es una «etapa preliminar del proceso» y que su intervención busca «evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo», es decir, si el decreto se ajusta a la Constitución.
La Respuesta del Gobierno: Anuncio de Apelación
Tras conocerse el fallo, el Gobierno Nacional, a través de sus voceros, anunció que apelará la medida. Esta acción judicial por parte del Ejecutivo buscará revertir la suspensión y avanzar con la disolución de Vialidad Nacional, cuyas funciones, según lo dispuesto en el decreto, serían transferidas a unidades dependientes del Ministerio de Economía y de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
El Rol de Vialidad Nacional
La Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico de derecho público, creado por ley, cuya misión principal es la planificación, construcción, conservación y mejora de la red vial nacional, fundamental para la infraestructura y el desarrollo económico del país. La suspensión de su disolución implica que el organismo deberá seguir operando con normalidad hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto.
Este freno judicial abre un nuevo capítulo en la disputa entre el gobierno y los sindicatos de organismos estatales, y pone en el centro del debate los límites de las facultades del Poder Ejecutivo en materia de reestructuración del Estado.
