El Sistema de Riesgos del Trabajo (SRT) de Argentina, pilar fundamental para la protección de millones de trabajadores frente a accidentes y enfermedades laborales, enfrenta hoy su mayor desafío: la rampante «industria del juicio laboral». A casi 30 años de su creación, lo que nació como un mecanismo de cobertura integral se ve jaqueado por una litigiosidad que, lejos de disminuir con la baja de siniestralidad, se dispara a niveles insostenibles, poniendo en riesgo no solo la solvencia del sistema, sino también la previsibilidad del mercado laboral y la generación de empleo.
Un Aluvión de Demandas que Desafía la Lógica
Los números actuales encienden todas las alarmas. Fuentes del sector asegurador de riesgos del trabajo (ART) proyectan que en 2025 las nuevas demandas judiciales superarán las 130.000, un promedio alarmante de más de 10.000 juicios por mes, acercándose peligrosamente al récord histórico de litigiosidad registrado en 2017. Esta escalada es aún más paradójica si se considera que, desde la implementación del SRT, la mortalidad laboral se redujo un 81% y la siniestralidad general un 55%.
La «industria del juicio» se ha desvinculado por completo de la realidad epidemiológica y laboral. Mientras Argentina registra una tasa de 114.2 juicios por cada 10.000 trabajadores, países como España y Chile, con sistemas similares, apenas alcanzan 8.5 y 5.8 respectivamente. Esta distorsión genera un costo exorbitante: en el último año, las sentencias por estos litigios ascendieron al equivalente de casi 7 millones de salarios mínimos, un drenaje insostenible que afecta directamente la capacidad de inversión de las empresas y, por ende, la creación de nuevos puestos de trabajo. Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), columna vertebral de la economía, son particularmente vulnerables, con más del 50% enfrentando litigios que a menudo comprometen su continuidad.
Las Claves de la Problemática: Pericias y Falta de Armonización
El problema reside en una combinación de factores que han convertido al juicio laboral en una «oportunidad de negocio» para algunos:
- Pericias Médicas Infladas: Gran parte del conflicto surge de pericias médicas judiciales con porcentajes de incapacidad que, en promedio, superan en 12.5 puntos el Baremo (escala oficial de evaluación de daños) establecido para todo el sistema. Esta subjetividad y falta de unificación en los criterios periciales abren la puerta a reclamos desmedidos.
- Tasas de Interés Desproporcionadas: A esto se suman tasas de interés judiciales que, aplicadas sobre montos ya inflados, disparan exponencialmente los costos finales de las sentencias, haciendo inviable la estrategia de muchas empresas de llegar a acuerdos extrajudiciales.
La Ley 27.348: Una Solución a Medio Camino
La Ley 27.348, sancionada en 2017, representó un intento crucial por ordenar el sistema. La norma estableció que todo reclamo por accidente o enfermedad laboral debe pasar previamente por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, una instancia administrativa obligatoria, previa y excluyente, diseñada para dar una respuesta rápida y justa, y desincentivar el juicio innecesario. Además, preveía la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para garantizar la objetividad y estandarización de las pericias.
Sin embargo, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha validado la constitucionalidad de esta ley, 17 provincias aún no han adherido a la misma o no han implementado sus CMF. Esta falta de federalización y de puesta en marcha plena permite que, en esas jurisdicciones, las pericias se realicen sin control ni estándares unificados, y que los honorarios de los peritos estén atados al porcentaje de discapacidad que determinan, configurando un «circuito perverso».
La experiencia en las provincias que sí han implementado la Ley 27.348 y sus CMF (como Salta, Río Negro o Mendoza) es contundente: han logrado reducciones significativas en la litigiosidad, demostrando que la herramienta legislativa es eficaz si se aplica plenamente.
El Nexo con la Reforma Laboral: Un Eje Central del Debate
La «industria del juicio laboral» no es un problema aislado; es un componente central de la discusión sobre la reforma laboral integral que se busca impulsar en Argentina. Desde el Gobierno y el empresariado, se sostiene que la litigiosidad excesiva es uno de los principales factores que desalientan la contratación formal y empujan a la informalidad.
Las propuestas de reforma laboral, como las contenidas en la «Ley Bases», buscan justamente atacar estas distorsiones. Apuntan a reducir los costos laborales de entrada y salida, flexibilizar ciertos aspectos de las relaciones de empleo y, crucialmente, reducir el impacto de la litigiosidad. Para muchos, la clave está en dotar de mayor previsibilidad al sistema, tanto para el trabajador (con mecanismos de indemnización más claros y ágiles) como para el empleador (reduciendo el riesgo de juicios con costos indeterminados).
En este escenario, la plena aplicación de la Ley 27.348 y la consolidación de las Comisiones Médicas y los Cuerpos Médicos Forenses son vistas como pasos ineludibles para sanear el SRT y, en un sentido más amplio, contribuir a un marco laboral que fomente la inversión y la generación de empleo genuino. El desafío es encontrar el equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la necesidad de un sistema productivo y sostenible.
