El alto nivel de trabajo no registrado, que ya impacta al 43,2% de los ocupados, se consolidó tras la implementación de la reforma laboral. Sindicatos advierten que la desregulación solo «legaliza la precariedad» y agrava la desprotección de los trabajadores.
Un contundente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA-CONICET) encendió las alarmas en el ámbito laboral y sindical: la tasa de informalidad en Argentina trepó al 43,2% del total de los ocupados durante el segundo trimestre de 2025. Esta cifra no solo implica un crecimiento interanual, sino que posiciona la precariedad laboral en su nivel más alto de los últimos 17 años.
El dato cobra una relevancia crítica al conocerse tras la reglamentación del Título V – Modernización Laboral – de la Ley de Bases, que el Gobierno impulsó con el argumento de simplificar la registración y reducir la litigiosidad para, supuestamente, estimular la creación de empleo formal.
La realidad, sin embargo, contradice la expectativa oficial. Los números duros demuestran que, lejos de generar puestos de calidad, el mercado de trabajo argentino se encuentra en una situación de profunda desprotección, con cerca de 4 de cada 10 asalariados (37,7%) en la clandestinidad.
La Cruda Penalidad de la Informalidad
El fenómeno del empleo no registrado es el principal motor de la llamada «pobreza laboral» en el país. El estudio del IIEP revela una brecha salarial abismal, que castiga directamente a la economía de los hogares:
● Penalidad Salarial: Un trabajador informal recibe, en promedio, un ingreso laboral un 44% inferior al de un par formal con idénticas características (edad, educación, sector y tipo de empresa).
● Trabajadores Pobres: La informalidad está directamente ligada a la pobreza. Mientras solo el 12% de los trabajadores formales vive en un hogar pobre, esta proporción se dispara al 42% entre los ocupados informales.
La informalidad golpea con especial dureza a los extremos etarios y los sectores de menor calificación. El 63% de los jóvenes de 16 a 24 años trabaja en la informalidad, lo que expone la dificultad estructural de Argentina para brindar una inserción laboral digna a las nuevas generaciones.
Los Sectores más Castigados y el Rol del Comercio
Al analizar por rama de actividad, el informe confirma la vulnerabilidad histórica de ciertos sectores:
- Servicio Doméstico y Construcción: Ambos lideran el ranking con una tasa de informalidad que roza el 75,4%.
- Comercio: A pesar de tener una tasa menor (51,6%), este rubro concentra la mayor proporción del empleo informal total (el 22,4% del empleo total es Comercio), demostrando ser un pilar de la precarización masiva.
El Embate Sindical: «La Reforma No Crea Empleo, Ataca Derechos»
Para las centrales sindicales, la persistencia y el aumento de la informalidad no son una sorpresa, sino la consecuencia lógica de un enfoque legislativo regresivo.
La reforma laboral, impulsada a través de la Ley de Bases, eliminó herramientas clave para combatir la evasión, como la derogación de las multas por falta de registración (Ley 24.013) y la creación de la figura del «trabajador independiente con colaboradores», que en la práctica legaliza una forma de subcontratación precaria para microempresas.
Dirigentes de la CTA y sindicatos afiliados a IndustriALL han manifestado su rotundo rechazo, argumentando que las medidas, como el nuevo Fondo de Cese Laboral optativo (régimen alternativo a las indemnizaciones), buscan reducir el «costo» del despido y la litigiosidad, pero sin atacar el problema de fondo.
«Es falso que se necesiten estas leyes para generar empleo. El empleo lo crea o lo destruye la política económica, no la legislación laboral,» señalaba recientemente un especialista en derecho del trabajo y referente gremial, recordando que el momento de mayor generación de empleo formal en el siglo XXI fue posterior a la reversión de la flexibilidad de los ’90.
La eliminación de sanciones y la simplificación de mecanismos de registración han sido catalogadas como un camino hacia la «legalización de la informalidad» o el «blanqueo de la deuda» de empleadores incumplidores, debilitando la capacidad de los trabajadores y sus organizaciones para exigir la registración plena y el cumplimiento de los derechos laborales consagrados.
En el tablero político-gremial, los datos del IIEP-UBA confirman que la principal deuda del país no es la flexibilidad, sino la formalización y la protección social, poniendo en jaque el discurso oficial sobre la eficacia de su primer gran paquete de reformas laborales
