En una maniobra política de último minuto, la Casa Rosada logró neutralizar este miércoles 4 de febrero la reunión de mandatarios provinciales prevista en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El encuentro, impulsado originalmente por los sectores más críticos a la gestión de Javier Milei, buscaba consolidar un frente común contra el capítulo fiscal de la «Ley de Modernización Laboral», específicamente por la reducción en el Impuesto a las Ganancias que impacta en las arcas provinciales.
Operativo desarme: La intervención de Santilli
La suspensión de la cumbre por falta de quorum no fue casual. El ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó una serie de gestiones directas con gobernadores de la UCR y el PRO —entre ellos Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza)— para evitar una fotografía de confrontación en la víspera del debate parlamentario.
Mientras que los gobernadores aliados optaron por la cautela a cambio de promesas de compensación técnica para sus economías regionales, el bloque opositor liderado por Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa) se encontró sin el número necesario para emitir un documento de rechazo conjunto.
El nudo del conflicto: El impacto fiscal en la coparticipación
El eje de la disputa es el Artículo 190 del proyecto oficial. La reforma propone una baja gradual de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades (del 35% al 31,5% en su escala máxima). Para las provincias, esto representa una pérdida directa de recursos coparticipables estimada en el 0,15% del PBI.
Desde el sector gremial, esta «pérdida de recaudación» es vista con extrema preocupación, ya que los gobernadores advierten que, de no ser compensados, el ajuste recaerá directamente sobre las partidas de salarios públicos y obra pública provincial, tensando aún más las paritarias locales.
Escenario en el Senado: Secretismo y «votos asegurados»
A pesar de la resistencia, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ratificó que el proyecto está «en un 95% cerrado» y que cuentan con los números para iniciar la sesión el próximo miércoles 11 de febrero.
Sin embargo, el clima en la Cámara Alta es de hermetismo absoluto. La oposición denuncia «secretismo» en la redacción final de los artículos, ya que los cambios negociados a puertas cerradas con los sectores dialoguistas (incluyendo modificaciones en el régimen de indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral) solo se conocerían oficialmente el mismo día de la discusión en el recinto.
Para los trabajadores, la caída de esta reunión de gobernadores significa que el principal obstáculo político que enfrentaba la ley —el desfinanciamiento provincial— está siendo allanado mediante acuerdos bilaterales. Esto deja a las centrales obreras como el último dique de contención frente a una reforma que, además de los cambios en la normativa del trabajo, viene acompañada de un fuerte componente de desgravación impositiva para el sector empresarial, financiado con recursos que pertenecen a las provincias.
