En una jugada que profundiza la tensión con los gremios del sector público, el gobierno de Javier Milei oficializó la eliminación del asueto del 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, a través del Decreto 430/2025. La medida, que busca equiparar la jornada laboral de los estatales con la del sector privado y poner fin a supuestos «privilegios», ha provocado una inmediata y enérgica respuesta de los principales sindicatos del ámbito público, ATE y UPCN, quienes ya anunciaron acciones de resistencia y judiciales.
La decisión, adelantada por el vocero presidencial Manuel Adorni, argumenta la necesidad de promover la «productividad» y la «cultura del trabajo» en la administración. Sin embargo, la derogación por decreto de una festividad establecida por la Ley 26.876 desde 2013, ha sido interpretada por las organizaciones sindicales como un avasallamiento a los derechos adquiridos y un nuevo capítulo en la política de ajuste del gobierno.
La postura intransigente de ATE: «Decreto trucho y nos tomamos el día»
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, fue la primera y más contundente en manifestar su rechazo. Aguiar calificó el decreto como un «acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático», enfatizando que «solo el Congreso puede derogar una Ley que el mismo sancionó».
En un desafío directo a la disposición oficial, ATE ha llamado a sus afiliados a «tomarse el día» este viernes 27 de junio, desconociendo la validez del decreto. «Nadie está obligado a acatar normas contrarias a la Constitución Nacional. Se les nota mucho la impotencia, nos quieren castigar porque los estatales no nos entregamos y hemos sido el sindicato que los confrontó desde el primer día», sentenció Aguiar.
El gremio también ha dado un paso fundamental al presentar una medida cautelar ante la Justicia Laboral para que se deje sin efecto el Decreto 430/2025. Este movimiento judicial, que ya ha encontrado un primer eco favorable en la justicia en las últimas horas de este jueves, representa un importante revés para la estrategia oficial.
Aguiar no escatimó críticas al gobierno, cuestionando el destino de los supuestos ahorros generados por la medida: «¿Y qué van a hacer con esa plata? ¿Va a seguir yendo derechito a sus bolsillos? Porque son los únicos que se están enriqueciendo en esta Argentina. Desde ATE vamos a resistir y vamos a ver quién gana esta pulseada. Nadie nos va a quitar nuestro día!». Además, recordó que la celebración del 27 de junio conmemora el día en que la OIT sancionó el convenio que impulsa las negociaciones colectivas en el Sector Público.
UPCN va por la vía judicial y advierte con medidas de fuerza
Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), bajo la conducción de Andrés Rodríguez, también repudió la eliminación del asueto y anunció acciones legales. UPCN presentó una medida cautelar ante la Justicia Administrativa para suspender los efectos del DNU 430/2025, buscando proteger los derechos de los trabajadores estatales y el respeto a las normas constitucionales y laborales.
Aunque la retórica de UPCN ha sido históricamente más moderada que la de ATE, el sindicato que lidera Rodríguez se mantuvo expectante a la publicación del decreto para «realizar las acciones judiciales necesarias y desplegar todas las herramientas gremiales que estén a su alcance». La preocupación del gremio radica en que la eliminación repentina del asueto podría generar pérdidas salariales, como el presentismo, y causar daños irreparables, incluso si el DNU fuera declarado inconstitucional más adelante.
La decisión de UPCN de recurrir a la justicia y la advertencia de posibles medidas de fuerza, sumada a la postura combativa de ATE, auguran un escenario de alta conflictividad entre el gobierno y los trabajadores del Estado en los próximos días.
Un conflicto que se extiende a las provincias
Es importante destacar que la medida del gobierno nacional no ha sido replicada en todas las jurisdicciones. Gobiernos provinciales como el de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires y el de Córdoba, han confirmado que sus empleados públicos sí gozarán del asueto el 27 de junio, marcando una clara diferenciación respecto a la postura de la Casa Rosada.
La derogación del Día del Trabajador del Estado es un nuevo eslabón en la cadena de recortes y tensiones que caracterizan la relación entre la administración Milei y los sindicatos, y su impacto se sentirá en la dinámica política y laboral de las próximas semanas.
Por Wenceslao Alvarez de Toledo
Abogado especialista en Derecho Sindical, Laboral Individual y Colectivo. Toda una vida dedicada al Sindicato y a los Trabajadores.