En un contexto de profunda crisis económica y social, el Gobierno argentino celebra un supuesto crecimiento del empleo, alardeando de la «libertad» y «desburocratización» como motor de nuevas oportunidades. Sin embargo, un análisis detenido de las cifras y las implicancias de la reciente reforma laboral, impulsada por el Ejecutivo, revela una realidad alarmante: el aumento del trabajo no registrado y la consecuente precarización de millones de argentinos, una suerte de «viva la informalidad» convalidada por el Estado.
La medida clave que ha puesto en el ojo de la tormenta la calidad del empleo es la eliminación de las multas por emplear trabajadores «en negro», una disposición incluida en la controvertida Ley Bases y el DNU 70/2023. Estas multas, establecidas por leyes como la 24.013 y 25.323, eran herramientas fundamentales para disuadir la informalidad y proteger los derechos de los trabajadores. Su derogación, en la práctica, ha significado una despenalización de la contratación sin registro, abriendo la puerta a una flexibilización laboral de hecho que se traduce en mayor vulnerabilidad para los asalariados.
El Engaño de las Cifras: Más Empleo, Menos Derechos
El discurso oficial destaca el crecimiento de los puestos de trabajo totales. Según datos recientes, el empleo en el primer trimestre creció un 1,1% interanual, alcanzando los 22,7 millones de personas ocupadas. No obstante, la letra chica de estos números es contundente: este aumento se explica casi en su totalidad por el incremento de cuentapropistas o no asalariados (+4,7%) y de asalariados informales (+0,8%), mientras que los puestos de trabajo asalariados formales sufrieron una caída del 0,6%, concentrándose la pérdida en el sector privado formal (-0,9%).
Esto significa que, lejos de generar empleo de calidad y con derechos, las políticas actuales están empujando a los trabajadores hacia la informalidad. Sectores como la industria (-3,1%) y los servicios sociales y de salud (-4,3%) son los que más empleos formales han perdido, mientras que el «crecimiento» se observa en rubros como comercio (+3,8%), hoteles y restaurantes (+13,9%) y transporte (+6,1%), donde la informalidad es una moneda corriente.
La Informalidad: Sinónima de Precariedad y Ausencia de Derechos
La informalidad laboral, que ya afecta a un preocupante 36% de los asalariados y se eleva al 42% si se suman los trabajadores independientes precarios —casi 9 millones de personas—, es mucho más que una cuestión estadística. Es sinónimo de malas condiciones laborales, salarios irrisorios y la ausencia total de derechos básicos.
Un trabajador informal carece de:
- Aportes jubilatorios y obra social: Dejándolo desprotegido en la vejez y ante problemas de salud.
- Vacaciones pagas y aguinaldo: Pilares del descanso y la distribución de ganancias.
- Indemnización por despido: A merced de la voluntad del empleador, sin compensación ante la pérdida del puesto.
- Licencias por enfermedad o maternidad/paternidad: Negando derechos fundamentales de cuidado y protección.
- Protección gremial: Quedando expuesto sin el respaldo de una organización sindical.
«El Gobierno está festejando la creación de ‘empleo basura’, de trabajos sin ningún tipo de garantía ni protección», advierte un referente de la CGT en diálogo con nuestro medio. La eliminación de las multas, lejos de fomentar la registración, legitima y alienta una «cultura del no registro», donde el empleador no tiene incentivos para formalizar a su personal, abaratando costos a costa de la vida digna de los trabajadores.
Críticas Feroces del Sindicalismo y Abogados Laboralistas
El movimiento obrero, en conjunto con abogados laboralistas y economistas críticos, ha levantado su voz de alarma ante lo que consideran un ataque frontal a los derechos laborales. Argumentan que la reforma, lejos de ser un avance, es un retroceso histórico que precariza el mercado de trabajo y profundiza las desigualdades. «No se puede hablar de crecimiento del empleo cuando lo que crece es la marginalidad y la falta de derechos», sentenció un abogado laboralista consultado, subrayando que la falta de consecuencias para el empleo no registrado es una invitación a la explotación.
Otras modificaciones como la extensión del período de prueba hasta 8 meses o la limitación de la solidaridad laboral de las empresas principales sobre los salarios impagos de sus subcontratados, complementan un paquete de medidas que flexibilizan al extremo las relaciones laborales. Si bien se discute la implementación de un «Fondo de Cese Laboral» para reemplazar las indemnizaciones, su carácter aún optativo en muchos sectores no compensa la desprotección generalizada.
En un contexto de elevada inflación y caída del poder adquisitivo, la necesidad de obtener ingresos empuja a miles de personas a aceptar cualquier tipo de trabajo, sin importar las condiciones o la falta de derechos. El Gobierno, al eliminar herramientas de control y sanción, parece convalidar y hasta celebrar esta realidad, dejando a los trabajadores a merced de la informalidad. La consigna no debería ser «viva la informalidad», sino «trabajo digno y registrado para todos».
