Foto Prensa ATE

La reciente decisión del Gobierno nacional de reducir las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario ha encendido las alarmas en el ámbito gremial, generando una fuerte controversia en la opinión pública. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a través de su Secretario General, Rodolfo Aguiar, denunció que la quita de estos aranceles equivale a la financiación de siete años del Hospital Garrahan, emblemático centro de salud pediátrica.
La medida, anunciada por el Presidente Javier Milei durante la Exposición Rural 2025, implica una baja permanente de los derechos de exportación para diversos productos.
Específicamente, el arancel sobre la carne vacuna y aviar pasará del 6,75% al 5%; el grano de soja se reducirá del 33% al 26%; el maíz y el sorgo bajarán del 12% al 9,5%; y el girasol
disminuirá del 7% al 5,5%. Según los cálculos de ATE, esta reducción impositiva representaría una pérdida fiscal estimada en 1.250 millones de dólares para el Estado. “Es repugnante que el Presidente en un mismo acto decida regalarle 1.250 millones de dólares a la oligarquía del campo y vetar las ayudas para los jubilados y personas con discapacidad”, sentenció Aguiar, destacando la marcada contradicción en las políticas gubernamentales. El dirigente sindical fue enfático al afirmar que “plata hay, pero que son insaciables y solo se la llevan ellos”, cuestionando el modelo de acumulación de riqueza.
Desde el gremio estatal, sostienen que el problema de Argentina «nunca fueron los pobres, sino los ricos y su manera de acumular». Además, reiteran que la experiencia ha demostrado que la baja de impuestos a los sectores de mayores ingresos no genera una reactivación económica genuina, dado que «siempre se llevaron la plata afuera». Esta afirmación se enmarca en un contexto donde los salarios de los trabajadores estatales, con un aumento del 20,8% en el último período paritario (junio 2024-mayo 2025), quedaron significativamente por debajo de la inflación del 43,5%, lo que representa una pérdida real del poder adquisitivo del 22,7%.
La denuncia de ATE no es un hecho aislado. Se suma a las crecientes tensiones y reclamos
por el desfinanciamiento y la crisis que atraviesan diversas áreas sensibles, como la salud
pública. El Hospital Garrahan, en particular, ha sido escenario de movilizaciones y reclamos por parte de sus trabajadores, quienes exigen recomposiciones salariales y actualizaciones
presupuestarias. En este sentido, la advertencia del sindicato subraya cómo el supuesto
equilibrio fiscal del Gobierno se construye, a su juicio, sobre recortes en jubilaciones y salarios públicos.
Por su parte, el sector agropecuario ha celebrado la medida. Representantes de la Mesa de
Enlace, Coninagro y la Sociedad Rural Argentina han expresado que la baja de retenciones es un «incentivo y alivio» para los productores, y que es un «camino que recién ha iniciado» hacia el objetivo de «retenciones cero». Argumentan que la medida mejorará la competitividad y aumentará la producción y las exportaciones.
La confrontación entre el Gobierno y los gremios es cada vez más marcada. Mientras el
oficialismo defiende la reducción de retenciones como un motor para la economía y una
muestra de su compromiso con la libertad económica, los sindicatos, y en particular ATE,
denuncian un «regalo» a un sector minoritario a costa del desfinanciamiento de servicios
esenciales y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. La «batalla cultural» por el concepto de justicia social, como la define Aguiar, se libra en este escenario de políticas económicas con profundas implicancias sociales.

Por Wenceslao Alvarez de Toledo

Abogado especialista en Derecho Sindical, Laboral Individual y Colectivo. Toda una vida dedicada al Sindicato y a los Trabajadores.

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