El Ejecutivo nacional oficializa una nueva ofensiva para reformar estructuralmente el mercado laboral y el ejercicio profesional en el país. Un borrador de proyecto, gestado en el ámbito del denominado «Consejo de Mayo», propone la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula para una amplia gama de profesionales –desde abogados hasta enfermeros– y, simultáneamente, la derogación de estatutos laborales que rigen sectores clave, como el de prensa y el teletrabajo.
El movimiento ha provocado un rechazo generalizado y un estado de alerta en colegios profesionales y sindicatos, que advierten sobre la pérdida de controles éticos y la precarización de los derechos adquiridos.
Adiós al control colegial: Libre ejercicio con registro nacional
La propuesta gubernamental, que ya había sido esbozada en el fallido DNU 70/2023, apunta a suprimir la potestad de los Colegios Profesionales para exigir la matriculación obligatoria a sus asociados.
El punto más sensible es la abolición de la obligatoriedad de inscripción en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), modificando la Ley 23.187. Según el borrador, cualquier profesional con título habilitante podría ejercer libremente la abogacía en CABA sin necesidad de pagar una cuota o someterse a un régimen disciplinario entre pares.
En su lugar, se crearía un Registro Nacional de Profesionales bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, de carácter gratuito. Esta medida, que también afecta a martilleros, corredores inmobiliarios y profesionales de la salud como enfermeros, busca reducir a los colegios a «meras entidades administrativas», eliminando su poder de policía sobre el ejercicio profesional y, según los críticos, debilitando los mecanismos de fiscalización ética y disciplinaria que garantizan la protección del ciudadano.
La motosierra laboral que alarma a los gremios
La iniciativa de desregulación no se limita al ámbito colegial. Con un fuerte foco en la flexibilización, el mismo proyecto incluye la derogación de regímenes laborales especiales y normas fundamentales que constituyen derechos históricos para los trabajadores, encendiendo las alarmas de las centrales sindicales.
Entre las derogaciones más resistidas por el movimiento obrero se destacan:
- Estatuto del Periodista Profesional: Su eliminación pondría fin a un marco normativo que garantiza condiciones de trabajo, estabilidad y la defensa de la profesión.
- Estatuto del Viajante de Comercio: Se derogaría la ley que regula sus comisiones y la estabilidad laboral, un régimen clave en la actividad mercantil.
- Ley de Teletrabajo (N° 27.555): Se busca desactivar los presupuestos legales mínimos establecidos para regular esta modalidad, como el derecho a la desconexión digital.
Esta estrategia, justificada por el Gobierno como una forma de «remover barreras» y aumentar la productividad, es leída por los sindicatos y el ámbito del derecho laboral como una profundización de la flexibilización que busca reducir costos empresariales a expensas de la seguridad y los derechos del trabajador.
Rechazo en bloque: «Destrucción de la organización colectiva»
La respuesta de las instituciones afectadas fue inmediata y contundente, anticipando un «debate político, judicial y sindical de alto impacto» en el Congreso.
Desde la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) y los principales colegios profesionales, se rechazó enfáticamente la medida. Argumentan que la matrícula obligatoria no es un «peaje», sino un mecanismo esencial que asegura estándares éticos y competencia profesional, un poder de control que el Estado no puede delegar ni eliminar sin riesgo para los justiciables.
Por el lado gremial, sindicatos como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) se manifestaron en «estado de alerta y movilización» contra la derogación del Estatuto del Periodista. Consideran que el ataque a este régimen especial atenta contra la libertad de expresión, la calidad informativa y la estabilidad laboral del sector. Los gremios ya han anunciado presentaciones judiciales y acciones conjuntas con otras centrales obreras para frenar el avance legislativo.
La iniciativa, que se inscribe en la filosofía de desregulación total del Gobierno, abre una batalla que trascenderá el ámbito legislativo, trasladándose inevitablemente a los tribunales y a las calles, con el futuro de la regulación profesional y laboral en juego.
