La reestructuración del aparato estatal bajo la administración de Javier Milei continúa generando profundos cimbronazos en diversas áreas, y la ex Secretaría de Trabajo (ahora dependiente del Ministerio de Capital Humano) no es la excepción. Lo que se observa en los pasillos de esta histórica cartera es un proceso de traslados, despidos y un desmantelamiento de direcciones consideradas clave, con un impacto directo en el funcionamiento y la capacidad de intervención del Estado en materia laboral.
La Mudanza de la DNAS y la Reducción Operativa
Una de las movidas más emblemáticas de esta reestructuración es el traslado de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS) del emblemático edificio de la calle Callao 114 a la sede de Leandro N. Alem 650. Esta mudanza, lejos de ser un mero cambio de domicilio, ha sido acompañada por una drástica reducción de personal y la virtual eliminación de varios departamentos. Fuentes internas detallan que áreas enteras han quedado sin jefes ni directores, lo que paraliza su capacidad operativa. Un ejemplo contundente es la eliminación completa de las funciones inspectivas, un pilar fundamental para el control del cumplimiento de la normativa laboral.
Empleados afectados denuncian reubicaciones forzadas, incluso a la biblioteca del organismo, sin tareas asignadas, en una clara señal de «trabajo ocioso» que ha sido incluso reconocido por funcionarios. Esta situación genera una profunda incertidumbre y un clima de desmotivación entre los trabajadores estatales.
Hacia un Ministerio de Economía con Influencia Laboral
El proceso de vaciamiento no se detiene. Trascendió que el próximo paso en esta reorganización podría ser el traspaso de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo directamente al Ministerio de Economía. De concretarse, esta medida centralizaría aún más las funciones laborales bajo la órbita económica, redefiniendo el rol del Estado en las relaciones obrero-patronales y potenciando una visión que prioriza el ajuste fiscal por encima de otras consideraciones sociales o de control laboral.
El Silencio Oficial y el Contexto de «Motosierra»
A pesar de la magnitud de estos cambios, el actual secretario de Trabajo, Julio Cordero, ha mantenido un perfil bajo, sin ofrecer explicaciones públicas detalladas sobre las razones o el impacto de estas medidas específicas. Si bien Cordero ha abordado el tema del empleo a nivel macro, señalando que la situación de desempleo «podría haber sido más pronunciada» y que la única salida de la pobreza es el trabajo, sus declaraciones no se refieren a la interna del organismo que dirige ni a la afectación de su estructura.
Estos movimientos se enmarcan en una política gubernamental de reducción del gasto público y «motosierra» sobre el empleo estatal. Cifras recientes indican que, desde la asunción del gobierno de Milei, Argentina ha experimentado la pérdida de cerca de 200.000 puestos de trabajo registrados, incluyendo despidos masivos en el sector público. La Secretaría de Trabajo misma ha sido objeto de cientos de desvinculaciones. El Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, ha manifestado su intención de «eliminar áreas y programas superfluos» y «optimizar recursos», pero la aplicación de estas directrices genera inquietudes sobre la efectividad y la capacidad de respuesta del Estado en la protección de los derechos laborales y la promoción del empleo formal.
Mientras tanto, el ámbito gremial observa con preocupación cómo las herramientas y capacidades históricas del Ministerio de Trabajo se ven mermadas, en un contexto de creciente conflictividad y desafíos para el mundo laboral argentino. La falta de transparencia en la explicación de estas decisiones internas solo alimenta la incertidumbre y la tensión en un sector ya de por sí convulsionado.
