En una de sus intervenciones más frontales respecto a la política industrial, el vocero presidencial Manuel Adorni marcó una línea divisoria definitiva entre la gestión de Javier Milei y el empresariado fabril. Al referirse específicamente a la situación del sector textil, uno de los más golpeados por la apertura de importaciones y la caída del consumo, Adorni fue tajante: «No estamos para proteger industrias, estamos para proteger a los consumidores».
El fin de la sustitución de importaciones
Las declaraciones surgen en un contexto de reclamos crecientes por parte de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y los gremios del sector, como la Asociación Obrera Textil (AOT) y el SETIA. Los representantes de los trabajadores denuncian que la combinación de la apertura comercial irrestricta y el aumento de los costos en dólares por servicios públicos está generando un escenario de suspensiones y cierres de plantas.
Sin embargo, desde la Casa Rosada se insiste en que el modelo de «protección de mercados» ha llegado a su fin. Según la visión oficial, la industria textil argentina ha operado bajo un esquema de «caza de zoológico» durante décadas, cobrando precios por encima del promedio internacional gracias a las barreras arancelarias.
Impacto en el empleo y paritarias del sector
Para el mundo sindical, la postura del Gobierno nacional representa un desafío de supervivencia. Los puntos clave de este conflicto son:
- Vulnerabilidad laboral: El sector textil es intensivo en mano de obra. La política de «no protección» pone en riesgo directo miles de puestos de trabajo en los cordones industriales del Gran Buenos Aires, Luján y Catamarca.
- Competencia asimétrica: Los gremios argumentan que no se trata de falta de competitividad propia, sino de una asimetría estructural: mientras los costos logísticos y tributarios locales siguen en alza, los productos importados ingresan con beneficios que la industria nacional no posee.
- Negociación colectiva: Con este discurso oficial, las cámaras empresarias del sector ya han manifestado su incapacidad para convalidar aumentos salariales que acompañen la inflación, alegando que cualquier incremento de costos los deja fuera del mercado frente a la mercadería importada.
Hacia una reconversión forzada
Adorni subrayó que la función del Estado no es «garantizar la rentabilidad de ningún empresario», señalando que aquellas industrias que no logren ser competitivas bajo las nuevas reglas de juego deberán «reconvertirse o perecer». Esta retórica ha profundizado el malestar en la CGT, donde ven en estas palabras una confirmación de que el Gobierno nacional no tiene en agenda la preservación del empleo industrial como valor estratégico.
La respuesta de los gremios industriales no se hará esperar. Se prevé que la Confederación de Gremios Industriales (CSIRA) emita un comunicado conjunto en las próximas horas, alertando que la «protección al consumidor» no puede realizarse a costa de la destrucción del aparato productivo y el salario de los trabajadores.
