En lo que ya se considera una de las victorias judiciales más importantes del movimiento obrero, la Justicia anuló cinco decretos que pretendían cerrar y fusionar organismos estatales, un revés directo a la política de ajuste del Gobierno y, en particular, al mega Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. Como consecuencia, el sindicalismo celebró la decisión y elevó la voz con una contundente exigencia: «Que Sturzenegger termine en la cárcel».
La anulación y el fin de los cierres
La medida judicial deja sin efecto los decretos de desregulación que amenazaban con el cierre o fusión de diversas instituciones clave. Entre los decretos anulados se encontraban los referidos a los hospitales de alta complejidad como el Hospital Nacional Baldomero Sommer, el Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas, y el Hospital Nacional de Rehabilitación Laura Bonaparte.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), uno de los gremios más movilizados en esta batalla legal, fue la principal impulsora de las presentaciones judiciales. La anulación no solo representa una salvaguarda para el empleo público, sino también un triunfo para el derecho a la salud y la seguridad de miles de ciudadanos que dependen de estos servicios.
La dura acusación contra el «arquitecto» del DNU
La frase que resuena en el ámbito sindical fue pronunciada por Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE. En una conferencia de prensa, Aguiar apuntó directamente contra Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado y reconocido ideólogo de la reforma.
«A Sturzenegger lo espera la cárcel. No puede ser otro su destino luego de esta nueva reforma del Estado», sentenció el dirigente. La acusación no es menor y se fundamenta en la convicción de que la totalidad de los decretos elaborados por el funcionario van «al margen de la ley» y atentan contra la Constitución Nacional. La dureza de las declaraciones subraya la profunda animadversión del sindicalismo contra el ex presidente del Banco Central, a quien acusan de ser el principal responsable de un plan de desguace del Estado que, según ellos, no recorta privilegios, sino que afecta «vidas y derechos».
Un nuevo frente en la batalla contra el ajuste
Esta decisión judicial se suma a otros reveses que el Gobierno ha sufrido en el Congreso, donde la oposición ya ha logrado anular otros decretos de desregulación. ATE ha logrado, además, medidas cautelares en los casos de organismos como el INTA y el INTI, lo que demuestra la efectividad de la vía judicial en la defensa de los derechos laborales.
La victoria legal fortalece la posición del sindicalismo y le da un nuevo impulso a su plan de lucha. La declaración de Rodolfo Aguiar marca un nuevo nivel en el enfrentamiento político, llevando la disputa del ámbito de las leyes a la esfera penal y poniendo una presión extra sobre el Gobierno, que ve cómo sus instrumentos de reforma se desmoronan tanto en el poder judicial como en el legislativo.
