En un contundente despliegue de fuerza legislativa, la oposición en el Senado de la Nación ha sancionado de manera definitiva la ley que garantiza un nuevo esquema de financiamiento para las universidades públicas nacionales y declara la emergencia para el Hospital Pediátrico Garrahan. La aprobación, que se concretó en un solo paquete, representa una nueva derrota para el gobierno de Javier Milei y una ratificación de la capacidad de los bloques opositores para actuar como un «freno de mano» ante las políticas de ajuste.
La norma, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, obliga al Poder Ejecutivo a realizar una serie de actualizaciones presupuestarias y salariales que el oficialismo considera inviables. Ahora, con la ley sancionada, el conflicto se traslada directamente a la Casa Rosada, que ya ha manifestado su intención de vetar la medida.
¿Qué establece la nueva ley?
La legislación aprobada por el Congreso busca dar respuesta a dos reclamos urgentes que han movilizado a la comunidad educativa y de salud en los últimos meses:
- Financiamiento Universitario: La ley establece la obligatoriedad de que el Gobierno Nacional actualice los fondos de funcionamiento de las universidades públicas de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta medida se aplicará desde el 1° de enero de 2025, basándose en la inflación registrada entre mayo y diciembre de 2024. Además, incluye la recomposición salarial para el personal docente y no docente, obligando a una actualización mensual que no sea inferior a la inflación del período diciembre 2023 a la fecha de sanción. La norma también crea un fondo adicional de $10.000 millones (actualizable por inflación) para el fomento de carreras estratégicas.
- Emergencia en el Garrahan: El segundo componente de la ley declara la emergencia sanitaria y de residencias médicas en el Hospital Garrahan por el plazo de un año. La medida busca garantizar el acceso a la atención pediátrica de calidad, proteger los derechos de los niños y recomponer el salario del personal de salud, incluyendo a los residentes, con un piso salarial que se equipare al nivel de noviembre de 2023.
La promesa de veto presidencial y los desafíos que se avecinan
La rápida sanción de la ley por parte del Senado, con una abrumadora mayoría, ha sido interpretada como un mensaje directo al Ejecutivo. Sin embargo, fuentes cercanas al Gobierno han anticipado que el presidente no dudará en vetar la ley, tal como lo ha hecho con otras iniciativas de la oposición.
La batalla política no terminará allí. En caso de veto presidencial, la pelota volverá al Congreso, donde la oposición necesitará reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras para insistir y ratificar la ley, anulando así el veto del presidente.
Este escenario es incierto y pone a prueba la capacidad de la oposición para mantener su unidad. Los gremios y las federaciones universitarias ya se han pronunciado a favor de la ley y se preparan para nuevas movilizaciones en defensa del presupuesto. El veto, de concretarse, podría desencadenar una nueva ola de conflictos y protestas.
El Gobierno, por su parte, ha justificado su posible veto argumentando que la ley no especifica de dónde saldrían los fondos para cubrir los gastos adicionales, lo que, según su postura, sería un «ataque fiscal» al superávit. El debate sobre la responsabilidad fiscal versus la inversión en educación y salud pública se intensifica, mientras la clase trabajadora y los sectores más vulnerables miran con atención el desenlace de esta pulseada.
