En una jornada de alta tensión parlamentaria, el Senado de la Nación dio luz verde a dos proyectos de ley clave para vastos sectores de la población: un significativo aumento de las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad. La aprobación, que se concretó con amplia mayoría, generó expectativa entre los beneficiarios, pero la inminente amenaza de veto presidencial ha encendido las alarmas, augurando una nueva pulseada entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, con la posibilidad de derivar en una batalla judicial.
¿Qué establecen las nuevas leyes aprobadas?
La iniciativa que impacta directamente en los haberes previsionales contempla un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones (excluyendo regímenes especiales), buscando compensar parte del desfase con la inflación. Además, eleva el monto del bono complementario de $70.000 a $110.000, el cual sería actualizable por inflación. Con estos cambios, la jubilación mínima, que en julio de 2025 ronda los $309.294,80 más el bono, pasaría a ubicarse en torno a los $441.564, lo que representa un incremento total cercano al 16,4%.
Pero el proyecto de jubilaciones va más allá del aumento directo. También restituye y prorroga la moratoria previsional (capítulo II de la Ley 27.705 y el Plan de Pago de Deuda Previsional). Este mecanismo es crucial ya que permite a miles de personas en edad de jubilarse, que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios, regularizar su situación previsional y acceder a la jubilación mínima con el descuento correspondiente por el plan de pagos. Se estima que esta prórroga podría beneficiar a unas 220.000 personas. Sin esta moratoria, la única opción para quienes no completaron sus aportes sería la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) a los 65 años, que equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio y no otorga derecho a pensión por viudez.
Por su parte, la ley de Emergencia en Discapacidad declara esta condición en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta norma es una respuesta a la creciente preocupación por el desfinanciamiento y la interrupción de prestaciones vitales para las personas con discapacidad. Entre sus principales puntos, la ley ordena al Poder Ejecutivo a garantizar un «financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad» y la actualización del valor de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Además, busca agilizar y mejorar el acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD) e impulsar el cumplimiento del cupo laboral del 4% en el sector público.
El Veto Anunciado y la Batalla que se Aproxima
Apenas se conoció la aprobación en el Senado, la reacción del presidente Javier Milei no se hizo esperar. El mandatario, quien ya había anticipado su postura, confirmó que vetará la totalidad de la ley, argumentando que las iniciativas quiebran el equilibrio fiscal y representan un «germen socialista». La advertencia presidencial fue contundente: si el Congreso no apoya el veto, el Gobierno recurrirá a la Justicia para impugnar lo actuado.
La Constitución Nacional, en su artículo 83, establece el procedimiento: una vez que el Presidente veta una ley, esta regresa al Congreso. Ambas Cámaras (Diputados y Senadores) deben alcanzar los dos tercios de los votos para insistir con el proyecto original y, de esta manera, rechazar el veto presidencial. Esto significa que la oposición necesitará al menos 172 votos en Diputados para revertir la decisión del Ejecutivo, mientras que el oficialismo podrá mantener el veto con 86 voluntades.
¿Qué sigue ahora?
Todas las miradas se posan ahora en la Cámara de Diputados. La capacidad de la oposición para reunir los dos tercios necesarios para insistir con la ley es la clave. Sin embargo, el escenario es complejo, con las relaciones entre el Gobierno y algunos sectores de la oposición «dialoguista» tensas. Si el veto se mantiene, las leyes quedarán sin efecto, privando a jubilados y personas con discapacidad de los beneficios previstos.
En caso de que el Congreso logre revertir el veto, el Gobierno ha dejado en claro su intención de judicializar la cuestión, argumentando posibles irregularidades en el tratamiento o en el financiamiento de la ley. La incertidumbre sobre la velocidad y el resultado de un eventual proceso judicial añade un condimento más a esta disputa que pone en juego derechos fundamentales y la sostenibilidad de las cuentas públicas. La situación promete nuevas tensiones políticas y legales en los próximos días y semanas.
