El conflicto en el sector de la discapacidad ha escalado a un nuevo pico de tensión política y social, transformándose en uno de los frentes de batalla más sensibles contra la política de ajuste del Gobierno nacional. Prestadores, trabajadores y familiares se movilizaron en todo el país bajo la consigna: «Si quieren ahorrar, que empiecen por otro lado», mientras la crisis de financiamiento amenaza con el colapso de miles de puestos de trabajo y la interrupción de servicios esenciales.
El epicentro de la disputa es la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el congelamiento del Nomenclador Nacional de Prestaciones, que no se actualiza desde fines de 2024. Este freno, sumado a los crónicos atrasos en los pagos por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), generó un desfasaje que las instituciones y los profesionales ya no pueden absorber.
El Ajuste del 70% que Golpea al Bolsillo Laboral
Para el gremialista y el analista laboral, el conflicto en discapacidad es fundamentalmente una crisis de empleo y condiciones de trabajo. Los prestadores de servicios (centros de día, hogares, escuelas especiales, terapias, transporte) denuncian una brecha arancelaria cercana al 70% entre los costos operativos reales (salarios docentes y profesionales, insumos) y los valores que perciben del Estado y las obras sociales.
Esta situación inviabiliza la continuidad de la atención:
● Salarios Congelados y Demorados: Los trabajadores del sector (terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicomotricistas, choferes) ven sus salarios rezagados frente a la inflación, mientras las instituciones deben afrontar meses sin percibir el pago de prestaciones ya brindadas, obligándolas a financiarse o, peor aún, a suspender los sueldos.
● Riesgo de Cierre de Instituciones: Cientos de centros de atención y hogares a nivel nacional advierten que, de no regularizarse el flujo de fondos, deberán cerrar sus puertas, dejando a miles de personas con discapacidad sin la única red de contención y apoyo.
El sector del transporte adaptado es un ejemplo crítico, advirtiendo incluso con un paro nacional debido a la falta de cobro de facturas que se arrastran desde mayo de 2025.
La Ley de Emergencia: Promulgada y Suspendida
La tensión política se centró en la Ley de Emergencia en Discapacidad, impulsada por la oposición y organizaciones sociales:
- El Congreso de la Nación aprobó la ley para atender la crisis presupuestaria.
- El Poder Ejecutivo la vetó.
- El Congreso insistió y rechazó el veto con amplia mayoría, obligando al Presidente a promulgarla.
Sin embargo, en un movimiento de alta conflictividad institucional, el Gobierno promulgó la ley mediante decreto, pero suspendió inmediatamente su aplicación, argumentando que el Poder Legislativo no asignó las partidas presupuestarias específicas para financiarla.
Sindicatos como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con fuerte presencia en ANDIS, calificaron esta suspensión como inconstitucional. El sindicato, junto a las organizaciones, exige que el Jefe de Gabinete reasigne las partidas necesarias para ejecutar la ley, remarcando que «si hay fondos para otros sectores o para la quita de impuestos, debe haberlos para el sector más vulnerable».
Las movilizaciones recientes en Plaza de Mayo y las protestas regionales, como la de Rosario que disparó el reclamo, exigen la «Ejecución inmediata de la Ley de Emergencia». El conflicto en discapacidad no es solo una preocupación social; es la manifestación más cruda de cómo el ajuste fiscal, cuando se aplica sin sensibilidad ni planificación, impacta directamente en los derechos adquiridos y en las condiciones laborales de un sector fundamental.
La presión sobre la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Capital Humano continuará, ya que el sector no dará tregua hasta que se liberen los fondos que garanticen el derecho a la atención y el pago de los salarios.
