Las cifras del empleo formal en Argentina han dejado de ser un indicador económico para convertirse en un registro de la tragedia social que vive el país. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, la política de ajuste del Gobierno Nacional ha arrasado con 223.537 puestos de trabajo registrados y ha provocado el cierre de más de 15.000 empresas, la gran mayoría pequeñas y medianas.
Este alarmante panorama, respaldado por un reciente informe basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) que ha circulado en portales como Mundo Gremial, expone un modelo que, en el nombre de la austeridad, está desmantelando el tejido productivo y laboral de la nación.
El Rostro de la Desocupación: El Estado y la Construcción
El informe detalla que la pérdida de empleo no es un fenómeno homogéneo, sino que se concentra en dos sectores que, por motivos diferentes, reflejan la impronta del gobierno actual.
En primer lugar, la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social es el sector más afectado en términos absolutos, con la destrucción de 98.653 puestos de trabajo. Esta cifra, que confirma el drástico plan de reducción estatal, significa que casi la mitad del total de empleos perdidos pertenecen al sector público. Es un claro reflejo de la política de «motosierra» que no solo busca reducir el gasto, sino también desguazar la presencia del Estado en áreas vitales.
En segundo lugar, la Construcción es la que sufre la mayor caída porcentual, con una pérdida del 16,9% de sus trabajadores registrados. Este colapso se explica por la paralización casi total de la obra pública, una decisión del gobierno que ha dejado en la calle a decenas de miles de albañiles, pintores y electricistas, generando un efecto dominó que impacta a la industria de la construcción en su totalidad.
El Silencio Oficial y la Lucha Gremial
Mientras el Gobierno celebra la reducción del gasto público, los sindicatos denuncian la crisis y el brutal impacto social de estas políticas. La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) han advertido una y otra vez que la recesión económica, lejos de tocar fondo, continúa su camino destructivo.
El hecho de que casi el 100% de las empresas que cerraron sean PyMEs (de hasta 500 trabajadores) es una prueba irrefutable de que la crisis no afecta a los grandes capitales, sino a las pequeñas y medianas empresas que son el verdadero motor del empleo en Argentina. Esto pone de manifiesto una política económica que beneficia a los grandes grupos y castiga a quienes generan la mayor parte de los empleos.
La destrucción del empleo formal, el desplome de los salarios reales y el aumento de la pobreza laboral son consecuencias directas de un modelo que ha decidido sacrificar a los trabajadores en el altar del ajuste.
