La Justicia del Trabajo está en estado de alerta roja y no es para menos. Lo que se está cocinando en los pasillos de Tribunales y en los despachos oficiales no es un simple cambio de domicilio para los expedientes; es, llanamente, un cambio en las reglas de juego que puede dejar a los laburantes a la intemperie.
El conflicto por el traspaso del Fuero Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires dejó de ser una discusión técnica de abogados para convertirse en una batalla política y sindical de primer orden.
El corazón del conflicto: ¿Por qué ahora?
El apuro del Gobierno Nacional, en sintonía con la gestión de Jorge Macri, por desguazar la Justicia Nacional del Trabajo tiene un objetivo claro: licuar la jurisprudencia que, históricamente, protegió al eslabón más débil de la relación laboral.
Hoy, entrar a los edificios de la calle Diagonal Roque Sáenz Peña es encontrarse con un clima de asamblea permanente. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y los gremios que integran la CGT ven en este movimiento una «emboscada» legislativa. No se trata de «modernizar», como dicen los voceros oficiales; se trata de pasarle la factura a un fuero que siempre fue un hueso duro de roer para las cámaras empresarias.
¿Qué significa este traspaso en el día a día?
Para el delegado de base, para el trabajador que fue despedido sin causa o para quien sufrió un accidente, esto implica tres riesgos directos:
- Justicia «a medida» del poder político: La creación de juzgados laborales porteños desde cero le da al poder político de turno la chance de nombrar jueces con una mirada mucho más «pro-empresa». Es la oportunidad de oro para aquellos que vienen militando la baja de las indemnizaciones.
- El caos administrativo: Imaginate trasladar miles de causas abiertas a un sistema que todavía no tiene ni la infraestructura ni la experiencia necesaria. El resultado es uno solo: juicios que van a durar una década, desalentando al trabajador a reclamar lo que le corresponde.
- El ataque a la especialidad: La Justicia Nacional tiene décadas de doctrina y fallos que sientan precedentes. Tirar eso por la borda para empezar de cero en la Ciudad es, en la práctica, borrar la memoria protectora del derecho laboral argentino.
La resistencia en la calle y en los despachos
La jugada no les va a salir gratis. La CGT ya advirtió que no va a mirar para otro lado mientras desmantelan el fuero. «Es el último refugio que le queda al trabajador ante el avance de la precarización», me decía un histórico dirigente hace unos días en los pasillos de Azopardo.
La resistencia no es solo gremial. La Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT) también puso el grito en el cielo. Hay una conciencia colectiva de que, si cae el Fuero Nacional, cae una de las últimas barreras de contención contra la reforma laboral «de facto» que intentan imponer.
Lo que viene
El debate está en una etapa crítica en el Congreso. Mientras tanto, el clima en los tribunales laborales es de guerra. Los trabajadores judiciales ya demostraron que están dispuestos a profundizar las medidas si el proyecto avanza. Lo que está en juego no es una cuestión de jurisdicción, es la vigencia misma del principio In Dubio Pro Operario. Si el traspaso se concreta, el derecho laboral argentino habrá recibido uno de los golpes más duros de su historia.
