El trabajo argentino ha cruzado un umbral crítico. Según los últimos datos procesados por el INDEC al cierre del tercer trimestre de 2025 y las proyecciones de enero de 2026, la fisonomía del empleo en el país ha mutado hacia una estructura donde la informalidad no es una anomalía, sino la regla. Por primera vez en la serie histórica reciente, la sumatoria de asalariados no registrados y trabajadores por cuenta propia (en su vasta mayoría informales) ha superado al universo de trabajadores con protección social y aportes jubilatorios.
Desde una perspectiva de Estado, no asistimos únicamente a una crisis de ingresos, sino a una erosión sistémica del contrato social. La Argentina cuenta hoy con un universo de 22,6 millones de puestos de trabajo, de los cuales solo 11 millones se encuentran dentro del esquema de la seguridad social (públicos y privados). El resto, unos 11,6 millones de ciudadanos, operan en la intemperie del derecho laboral.
El desplome de los sectores estratégicos
La metamorfosis del mercado de trabajo no es uniforme. Los sectores que históricamente han sido el bastión del empleo registrado y la movilidad social ascendente —la industria y la construcción— son hoy los más castigados por el ciclo recesivo.
- La Construcción: Se consolida como el sector con mayor pérdida neta de formalidad, con una caída de 88.000 puestos registrados. Actualmente, el 55,5% de sus operarios trabaja sin descuento jubilatorio.
- Industria Manufacturera: El corazón de la producción nacional retrocedió en 46.000 empleos formales, víctima de la caída del consumo interno y la apertura de costos.
- Servicio Doméstico: Continúa siendo el epicentro de la precariedad absoluta. Con un 70,9% de informalidad, encabeza el ranking nominal con más de 1,1 millones de personas sin acceso a derechos básicos.
El fenómeno del «Cuentapropismo» como refugio
Ante la destrucción del empleo asalariado en el sector privado, que acumula una caída interanual preocupante, el mercado ha generado una respuesta de supervivencia: el autoempleo de baja calificación.
Los datos del INDEC revelan que el empleo por cuenta propia alcanzó a 5,9 millones de personas. Si bien el discurso oficial suele catalogar este fenómeno como «emprendedurismo», la realidad estadística indica que estos trabajadores perciben, en promedio, ingresos que apenas rozan el 50% de lo que percibe un asalariado formal. En términos jurídicos, esto representa una «reforma laboral de facto», donde el riesgo empresario se traslada íntegramente al individuo, sin redes de contención ante accidentes, enfermedad o vejez.
Implicancias para el Sistema Previsional y la Acción Sindical
Para el dirigente gremial y el estadista, este diagnóstico es una señal de alarma sobre la sostenibilidad del sistema previsional. Con una tasa de informalidad que ya roza el 44% entre los asalariados, el financiamiento de la seguridad social ingresa en una zona de déficit estructural. La recaudación por aportes y contribuciones se debilita mientras la demanda de cobertura estatal aumenta.
Desde el derecho del trabajo, el desafío es mayúsculo. La fragmentación del mercado laboral en «formales» e «informales» rompe la unidad de negociación colectiva. Hoy, el salario real de los trabajadores no registrados corre muy por detrás de la inflación, profundizando la brecha de desigualdad: un trabajador informal gana, en promedio, un 45% menos que su par registrado por la misma tarea.
La Argentina de 2026 se enfrenta a un mercado laboral de dos velocidades. Mientras los sectores extractivos (minería, energía y agro) muestran resiliencia, la economía real —comercio, construcción e industria— se sumerge en la informalidad. Sin políticas activas que incentiven la registración y fortalezcan el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, el país se encamina a consolidar una mayoría de trabajadores sin derechos, hipotecando la estabilidad social y la sustentabilidad del Estado en el largo plazo
