Este fin de semana el Gobierno definirá si hace retoques finales a su proyecto de reforma laboral, luego de que trascendiera una última versión con cambios sustantivos respecto del borrador elaborado por el Consejo de Mayo. El texto, ahora ejecutado por la Secretaría Legal y Técnica, incorpora concesiones a la CGT y suma un artículo que generó inquietud en el sector empresario. La Casa Rosada aspira a procesar observaciones sindicales y patronales entre sábado y domingo para presentar la iniciativa el martes 9, tal como estaba previsto.
Quienes revisaron en detalle la última versión se sorprendieron por la presencia de artículos que no figuraban en los borradores previos y por diversos errores de técnica legislativa. La redacción pasó por la Secretaría Legal y Técnica, conducida por María Ibarzábal Murphy y alineada con el asesor Santiago Caputo, quien actuó bajo la directiva de retirar puntos resistidos por la CGT y sostenidos férreamente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El giro sugiere que la Casa Rosada no pretende una confrontación frontal con el sindicalismo. Así lo transmitió Karina Milei, mediante la intervención reservada de dos operadores que oficiaron de enlace con la CGT: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
El cambio más profundo fue la eliminación del artículo que limitaba las cuotas solidarias, una medida que golpeaba de lleno el financiamiento sindical al exigir consentimiento expreso del trabajador para los aportes compulsivos. Sturzenegger había calificado estos mecanismos como “peajes sindicales” en el coloquio de IDEA. Sin embargo, se mantuvo una restricción relevante: los empleadores ya no estarán obligados a actuar como agentes de retención de las cuotas solidarias. El texto vigente acota la obligación a las cuotas de afiliación y exige conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes.
Otro punto modificado a favor de la CGT es la prelación del convenio por empresa sobre el de actividad: la nueva versión exige que los acuerdos sean negociados y firmados exclusivamente por sindicatos con personería gremial, desplazando a las comisiones internas y reafirmando el esquema tradicional del unicato.
Aunque estos dos reclamos fueron atendidos, el sindicalismo presiona para eliminar o morigerar otras disposiciones. Entre ellas, la limitación a la ultraactividad de los convenios. El proyecto incorpora una disposición transitoria que obliga a la Secretaría de Trabajo a convocar, en un plazo de un año desde la promulgación, a las partes legitimadas para negociar o renegociar cláusulas de convenios vencidos. Además, habilita a la Secretaría a suspender la homologación cuando las cláusulas ultraactivas generen “distorsiones económicas graves que afecten el interés general”.
La CGT también busca suprimir el artículo que tipifica como infracción “provocar, instar u organizar el bloqueo o la toma de establecimientos”, lo que permitiría responsabilizar y sancionar a las conducciones sindicales. Se mantuvo, asimismo, la exigente regulación del derecho de huelga, que el sindicalismo pretende nuevamente eliminar. Algunos analistas sospechan que ese artículo podría retirarse de la reforma para facilitar la aprobación legislativa y discutirse por separado, ya que figura también en un proyecto impulsado por la diputada libertaria Verónica Razzini.
Aunque se descartó la reducción a la mitad del número de delegados, el proyecto conserva limitaciones estrictas a las asambleas para evitar que funcionen como medidas de presión. Incluso incorpora como práctica desleal “interferir en el desenvolvimiento de la empresa mediante la convocatoria a asambleas que violen el artículo 20 bis u otras acciones directas”.
También se agregan dos nuevas prácticas desleales: negarse a negociar colectivamente o dilatar deliberadamente el proceso, y no acatar la conciliación obligatoria. Para la CTA de los Trabajadores, estas modificaciones reducen la tutela sindical, pues deja sin protección a suplentes y congresales, y habilita modificar condiciones de trabajo de candidatos sindicales ante reorganizaciones, algo prohibido hasta hoy. Además, se fijan por ley 10 horas mensuales de actividad gremial, salvo que el convenio establezca un límite mayor, pero con la prohibición expresa de interrumpir la actividad en el área de trabajo.
Del lado empresario también hubo malestar. La nueva versión introduce los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), financiados mediante un aporte obligatorio del 3% de las remuneraciones para cubrir indemnizaciones por despido. Aunque el punto generó sorpresa, el Gobierno precisa que estaba bajo análisis del Ministerio de Economía. No obstante, otro artículo atenúa las críticas: los empleadores que aporten al FAL obtendrán una reducción equivalente de 3 puntos en la contribución patronal al SIPA. Ese 3% podrá destinarse al FAL, cuyos fondos se invertirán a través de la Comisión Nacional de Valores hasta ser utilizados.
Los abogados empresariales revisan minuciosamente el articulado para asegurar que el esquema no incremente la carga patronal, mientras el Gobierno defiende el mecanismo como una forma innovadora de financiar indemnizaciones.
En el plano político, la CGT mantiene un discurso público de rechazo general al proyecto y afirma no haber recibido aún el texto definitivo. “El Gobierno impide una reforma laboral consensuada porque rechaza sentarse a negociar con el sindicalismo y el empresariado”, sostuvo el cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo. “Los cambios deben discutirse entre todos los actores, pero hasta ahora el Gobierno ha ignorado cualquier propuesta y avanza por imposición”, agregó.
En paralelo, la central obrera intenta sumar apoyos de gobernadores y legisladores para que la reforma laboral llegue al Congreso en una versión atenuada.
