La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) formalizó un duro reclamo ante el Poder Ejecutivo Nacional exigiendo la revisión y posterior revocación de 249 nombramientos tramitados bajo la órbita del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La conducción sindical fundamentó la solicitud en presuntas irregularidades administrativas, falta de contraprestación efectiva de servicios y el incumplimiento de los perfiles de idoneidad exigidos por la legislación vigente para el acceso a la función pública.
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó las incorporaciones como designaciones de carácter político y personal, desvinculadas de las necesidades estructurales del Estado. El dirigente precisó que las áreas afectadas sufrieron una saturación presupuestaria con salarios que, en su mayoría, superan los dos millones de pesos mensuales, asignados a personal sin la experiencia técnica requerida para el ejercicio de las funciones asignadas.
Desde el plano normativo, el sindicato dirigió su intimación a la Secretaría General de la Presidencia, señalando que la autoridad administrativa posee el control de legalidad sobre los actos de designación y no puede omitir la fiscalización de estos legajos. El planteo gremial invoca implícitamente la revisión de los actos administrativos que pudieran adolecer de vicios en sus elementos esenciales, particularmente en lo referido a la causa y al objeto del nombramiento.
Asimismo, ATE vinculó de manera crítica estas designaciones con el nuevo sistema de ingreso e idoneidad impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. Para la entidad sindical, los mecanismos de selección implementados no cumplieron con los estándares institucionales de transparencia y concurrencia, resultando en la incorporación discrecional de personal con filiación política oficialista.
El conflicto expone una contradicción jurídica y económica dentro de la reforma del Estado en curso. Mientras la Administración Pública Nacional ejecuta desvinculaciones masivas de personal contratado y de planta amparándose en criterios de optimización fiscal y reestructuración orgánica, el gremio denuncia que, de forma paralela, se incrementó el gasto en personal de conducción y asesoría política mediante contrataciones directas.
Con esta presentación, ATE busca forzar un control de legalidad adverso sobre la planta política remanente de la gestión de Adorni, exigiendo que el Poder Ejecutivo aplique los mismos parámetros de restricción presupuestaria y evaluación de desempeño que fundamentaron los despidos en el resto de los estamentos estatales.
